En diálogo con Radio La Mosquitera FM 88.1, el ex senador provincial Marcelo Romano denunció una grave situación ambiental vinculada a la retirada de YPF de la provincia de Mendoza. Según Romano, la petrolera nacional dejó pasivos ambientales significativos sin remediar, con la aparente complicidad del Gobierno provincial y la inacción de la Justicia.
El ex legislador recordó que la problemática comenzó a visibilizarse el 4 de septiembre de 2023, cuando María Emilia Escatolón, inspectora de cauce en Lunlunta (Maipú), denunció la presencia de pasivos ambientales en una zona de alta producción olivícola. En lugar de avanzar con la investigación y las tareas de remediación, el Departamento General de Irrigación intervino la inspección y cesó a Escatolón de su cargo. “Nos quedó un gusto muy amargo y una sensación de impunidad”, expresó Romano.
El ex legislador también apuntó contra la ministra de Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, quien al momento de los hechos también integraba el directorio de YPF, representando las acciones de la provincia. “No se trata solo de un conflicto de intereses: ella cobraba sueldos por ambas funciones y, mientras debía controlar, formaba parte de la empresa que debía ser controlada”, criticó.
Romano relató que YPF, al priorizar inversiones en Vaca Muerta, decidió vender sus áreas maduras —pozos en producción antigua— a la empresa Petróleos Sudamericanos S.A. Sin embargo, esa transferencia se realizó sin que la compañía estatal asumiera responsabilidades por el daño ambiental causado. “A diferencia de lo que sucedió en Santa Cruz, donde el gobierno provincial exigió a YPF el pago de 335 millones de dólares por pasivos ambientales, en Mendoza se la dejó ir sin pagar un solo peso”, lamentó.
El referente ambientalista brindó detalles sobre los tipos de pasivos hallados, entre ellos piletas de purga sin impermeabilización que permiten la filtración de residuos peligrosos a las napas freáticas. También se refirió a enterramientos irregulares de residuos petroleros en la zona de Barrancas, donde las capas de petróleo eran simplemente cubiertas con tierra en sucesivas ocasiones.
“La situación es crítica y pone en riesgo a las generaciones futuras. La justicia penal duerme una siesta peligrosa: después de múltiples denuncias con pruebas, no ha imputado a nadie”, cuestionó, al tiempo que recordó que la ley 24.051 sobre residuos peligrosos contempla sanciones penales por la contaminación del suelo o el agua.
Romano advirtió además sobre la falta de controles en proyectos como San Jorge, que contempla la explotación minera en zonas de alta montaña, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. “Si no pueden controlar un pozo petrolero en el llano, imagínense lo que puede pasar en la cordillera”, alertó.
“Se vienen tiempos duros para quienes defendemos el agua. Pero seguimos resistiendo”, afirmó.
Compartimos a continuación la entrevista en el aire de Radio Comunitaria La Mosquitera FM 88.1
