El sábado al medio día varias familias se encontraban limpiando sus lotes, ubicados en Higuerita y Mendoza, de Buena Nueva, Guaymallén, cuando se vieron sorprendidos por la Policía Provincial e Infantería , que sin mediar con los vecinos, los reprimieron con balas de goma, y se llevaron detenidos con brutal violencia a 9 de ellos. La fuerza policial no tuvo ningún resguardo con vulnerar la integridad de quienes estaban presentes en el
predio: hombres, mujeres, mujeres embarazas y niños.
Quien diera la orden del operativo es la Ayudante de fiscal, Vanina Pascolatti. Estuvieron detenidos, sin ningún documento respaldatorio de acusación. Finalmente los liberaron por la noche, y por el
momento no hay imputados. Sin embargo la figura legal que a posteriori aparece en el expediente es “turbación a la posesión”, que es una figura del código penal, en el inciso 3 de Usurpación.
El doctor Lautaro Cruciani, quien está acompañando y asesorando a los vecinos, le comentó a La Mosquitera “que dicha figura legal no podría aplicarse porque no fue forzada la entrada, ya que no había ningún cerramiento, ni alambrado, ni tampoco ha habido amenazas por parte de los vecinos al antiguo dueño, ni violencia para ingresar a la fuerza”, que son las formas en que se manifiesta la turbación de posesión.
Organizaciones y abogados de derechos humanos han estado relevando testimonios, fotos y documentos para elevar los informes correspondientes a la Inspección General de Seguridad, y la Comisión de derechos y garantías de la Cámara de Senadores de la Provincia. Este caso ha sido de gran relevancia para Guaymallén, e invisibilizado por los grandes medios. Sin embargo, muchísimas organizaciones sociales se han solidarizado y están acompañando a estas 138 familias, en un proceso que se avecina largo.
El problema es la judicialización de los conflictos sociales, la represión sin previos procesos de investigación y la actuación de la policía, sin ningún tipo de garantía. Es decir, lo que estamos denunciando es un grave accionar institucional.
