La jueza Moltó finalmente imputó a los tres docentes del Instituto Superior Tomás Godoy Cruz por defender la educación pública.
En el día de ayer, tres docentes del Instituto Superior Tomás Godoy Cruz fueron imputados por el delito de “desobediencia”, según lo dictaminó la jueza de garantías, Dra. Miriam Moltó. La letrada finalmente rechazó el sobreseimiento solicitado por el abogado Pablo Salinas para Silvia Gabriela Díaz, Patrick Boulet y Miguel Ángel Sarmiento. Lo particular de este fallo es que lo que debiera ser una audiencia pública no permitió el acceso a las trabajadoras y trabajadores que asistieron para acompañar, y además la Dirección General de Escuelas (DGE) se constituyó como querellante particular en la causa.
Este fallo remite al estado asambleario del pasado 24 y 25 de agosto, por el que docentes del Instituto Superior Tomás Godoy Cruz sostenían como medida de fuerza ante los cambios pretendidos por la DGE en la Educación Superior.
Previo a la resolución de Montó, Patrick Boulet precisó: “La imputación es porque firmamos un recibido de un memorándum que envió el Director General de Escuelas el día 23 de agosto donde se nos ordenaba el desalojo de la escuela, en un día que había asambleas en la escuela, en donde se discutían las medidas de la DGE a muchas de las cuales nos oponemos”, y agregó: “Nosotros junto con nuestro abogado – Pablo Salinas – entendemos que no hay delito, porque primero nosotros nos somos ninguna autoridad para desalojar la escuela, segundo nosotros firmamos que sólo que lo habíamos visto y recibido”.
En este sentido, Boulet adelantó que se apelará la decisión de la jueza, al considerar que no hay delito.
Raquel Blas estuvo presente en Tribunales Federales y expresó sobre estas acciones que intentan criminalizar la protesta. “En este caso, Para el gobierno una asamblea de docentes y estudiantes se convierte en un delito, con el agravante de que la DGE se convierte en querellante de la causa”.
“Es muy duro cuando uno ha estado ejerciendo la defensa de un derecho terminar sentado en el banquillo de los acusados como si fuera un delincuente. Son momentos realmente duros pero a la vez es muy valioso cómo acompañan los compañeros de trabajo, los diferentes sindicatos, los gremios. Vamos a seguir apelando en todas las instancias que haya que apelar para que esto no quede firme porque evidentemente lo que se intenta es producir un situación de terror hacia aquellos trabajadores que quieren movilizarse”.