El Dr. Javier López Maida, Subdirector de Niñez, adolescencia y familia de la Dirección de Derechos Humanos, del Poder Judicial de Mendoza, dio una panorama general de este sector vulnerable, en entrevista con La Diaria.
“Desde hace doce años tenemos la Ley 26061 que regula sus derechos. En Mendoza se aplica desde el 2008 la regulación mediante acordadas judiciales y resoluciones minsiteriales. Pero no se puede aplicar en su totalidad hasta no tener una ley provincial. De esta forma, hay distintas valoraciones para tomar cual o tal medida, y terminan siendo decisiones arbitrarias”.
La situación de niños, niñas y adolescentes en la provincia no está pasando su mejor momento: se han incrementado las internaciones en hogares. Al respecto, López Maida explica que “La ley aboga por la convivencia familiar y no en instituciones de cuidado. No hay una causa única para explicar este incremento. Pero sí demuestra que este modelo está obsoleto en la política de niñez, ya que replica el modelo tutelar judicial en el ámbito administrativo”.
“En un barrio A medida que hay mayor vulneración en un barrio, habrá mayor intervención en la vida de los menores. La política pública por excelencia es el trabajo y el salario… cuando esto no está todo el sistema familiar empieza a ser disfuncional. Cuando eso fracasa hay faltas de todo tipo, generando mayor vulneración en: pibes que no van a al escuela, o pibes que van a la escuela y no han comido, no tienen zapatillas, útiles, peleas familaires por los problemas económicos. Así es que la política económica influye directamente en la vida familiar y allí surge un incremento en la protección excepcional de la niñez.”
Bajar la edad de imputabilidad según la fuerza del reclamo público y mediático, no puede ser la razón para generar políticas públicas. Habría un encontronazo entre lo que ese discurso busca y lo que sucedería en la realidad. En caso de que eso sucediera, el Estado debería invertir muchísimo para mantener a más menores en un sistema de privación de la libertad. Entonces haría falta mayor presupuesto porque cosas que antes no se penalizaban, ahora sí se penalizarían. Y crecería la población privada de libertad.
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(Imagen ilustrativa: Agencia Para La Libertad)