Marcelo González, inspector del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y delegado gremial, advierte sobre el vaciamiento que sufre el organismo tras su degradación a unidad dentro de la Secretaría de Agricultura. Esta medida, impulsada por el gobierno nacional a través del Decreto 462, recorta funciones clave de fiscalización y pone en riesgo el control de calidad de uno de los productos alimenticios más emblemáticos del país: el vino.
El INV deja de fiscalizar viñedos, cosechas e inventarios para limitarse al control del producto final. Según González, esto implica llegar tarde ante eventuales adulteraciones. “Están desprotegiendo la salud pública”, afirma, recordando tragedias como las muertes por vino adulterado en los años 90.
La medida también anticipa despidos. El recorte de funciones implica el achicamiento de personal técnico y administrativo, afectando a más de 400 trabajadores en todo el país. Mendoza concentra la mayor parte del personal, con 250 agentes en sede central y delegaciones.
González señala que esta decisión atenta contra el prestigio internacional del vino argentino y facilita maniobras ilegales en el mercado. “Se abre la puerta a que cualquiera embotelle cualquier cosa”, alerta.
Frente a este panorama, les trabajadores se encuentran en alerta y movilización, denunciando la desarticulación de un organismo clave para la seguridad alimentaria, la soberanía productiva y la defensa del trabajo estatal.
