La Mosquitera La Mosquitera, Comunicación Popular
Los trabajadores y trabajadoras judiciales de Mendoza realizaron este lunes un paro provincial de 24 horas, luego de más de tres meses de asambleas y reclamos sin obtener una respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia. La medida sorprendió por su alto nivel de acatamiento, que superó el 65% durante las primeras horas de la mañana.
El secretario general del gremio, Ricardo Babillón, explicó que el sector llegó a esta instancia “obligado por la falta total de diálogo”.
“Hace más de tres meses que pedimos una mesa de negociación. No conseguimos ni siquiera una respuesta”, afirmó.
A pesar de que cada día de paro implica un fuerte impacto económico para quienes ya están endeudados y con salarios por debajo de la línea de pobreza, el acompañamiento superó las expectativas. En oficinas fiscales, juzgados de familia y dependencias departamentales “hubo áreas prácticamente sin auxiliares”, detalló Babillón.
Reclamo por el convenio colectivo: un compromiso incumplido
El eje del conflicto es el Convenio Colectivo de Trabajo, que debía entrar en vigencia en agosto. Según el gremio, la Corte “apagó los teléfonos” y dejó de responder correos y pedidos formales para continuar la negociación.
“En julio del año pasado hicimos 18 días de paro. La Corte se comprometió a elaborar el convenio en un año. Ese compromiso permitió levantar la medida. Pero un año y tres meses después, simplemente decidieron no cumplir”, aseguró el dirigente.
El convenio tiene rango de ley, al haber sido fruto de un acuerdo paritario, recordó.
Salarios por debajo de la indigencia y renuncias constantes
Babillón describió una situación salarial crítica:
“Un ingresante está cobrando 720 mil pesos, en la línea de indigencia. Yo, con más de 40 años de antigüedad, cobro 1.100.000. Cobro más de antigüedad que de sueldo”.
La precarización desemboca en abandono del Poder Judicial: cada trabajador que encuentra un empleo externo, incluso en comercios, renuncia debido a la sobrecarga laboral.
“Hoy un empleado judicial hace el trabajo de dos o tres personas”, advirtió.
Este martes habrá una nueva asamblea provincial para definir la continuidad del plan de lucha.
Dura crítica a la designación del fiscal Junta
En el tramo final de la entrevista, Babillón incorporó un segundo eje de preocupación: la posible designación del fiscal Blas Junta como fiscal de Cámara, un cargo de altísima influencia dentro de la Procuración.
“Llamamos a la reflexión al gobernador y al Senado. No puede asumir alguien con denuncias por violencia de género, por plantarle pruebas a una persona en una causa grave y cuyo único antecedente visible es haber perseguido a dirigentes sociales y sindicales”, expresó.
El sindicalista calificó la postulación como “un premio por favores políticos” y alertó sobre la afectación a la independencia del Poder Judicial.
“Estamos hablando de fiscales que no se atan al derecho, sino a las órdenes del gobernador. Eso pone en vulnerabilidad a toda la ciudadanía”, advirtió, comparando el clima actual con prácticas autoritarias del pasado.
Una jornada atravesada también por la agenda ambiental y social
La emisión radial en la que fue entrevistado Babillón reunió otras preocupaciones vinculadas al contexto político provincial:
- Asambleas y escraches frente a la Legislatura en rechazo a los proyectos mineros que podrían aprobarse este martes, entre ellos San Jorge, Malargüe y el Distrito Minero Occidental.
- Críticas al intento de que la provincia asuma pasivos ambientales generados por empresas mineras.
- Señalamientos al discurso oficial que atribuye niveles de empleo a la megaminería, calificado como “una mentira” por investigadores consultados.
Además, se recordó la realización de la marcha de Ni Una Menos, una vigilia por el agua en Plaza Independencia y actividades de radios comunitarias que seguirán la jornada legislativa.
Te invitamos a escuchar la nota completa:
