Trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Mendoza continúan con medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y la firma del convenio colectivo de trabajo. La protesta, que ya lleva más de un mes, incluye movilizaciones y acciones directas dentro del Palacio de Justicia.
Testimonios desde la base
Viviana Taygenca, ordenanza con una década de antigüedad en el Poder Judicial, relató la difícil situación económica que atraviesa.
“Lo último que recibimos fueron entre 18.000 y 20.000 pesos de aumento, después de 10 años de trabajo. Hoy mi sueldo ronda los 830.000 pesos, pero no alcanza para sostener a mi familia. Tengo una hija con discapacidad y muchas veces debemos endeudarnos para llegar a fin de mes”, explicó.
Su esposo, también empleado judicial con 26 años de servicio en el Ministerio Público Fiscal, percibió un incremento de 26.000 pesos en la última actualización salarial. “Estamos muy atrasados. Muchos compañeros tienen títulos profesionales, como martilleros o procuradores, y ni siquiera llegan a cobrar un millón de pesos”, agregó Taygenca.
Reclamos gremiales
Ricardo Babillón, secretario general de Judiciales, aseguró que la situación “se agrava día tras día” y que los aumentos decretados por el gobierno provincial resultan insuficientes.
“El gobernador se otorgó un incremento de más de dos millones de pesos en un solo mes, mientras a los judiciales nos dieron en promedio 25.000 pesos. Eso es un insulto a los trabajadores”, señaló.
El gremialista también cuestionó la falta de respuestas de la Suprema Corte provincial:
“Los ministros parecen conformarse con sus altos salarios y se desentienden de la realidad que vivimos. Se habían comprometido a concluir el convenio colectivo en agosto, pero hasta ahora no cumplieron”, denunció.
Medidas de fuerza en aumento
El sindicato advirtió que las protestas continuarán con nuevas movilizaciones esta semana. “El judicial está firme en la lucha. No se puede cobrar el sueldo y al día siguiente no tener un peso. Estamos dispuestos a paralizar la justicia”, aseguró Babillón.
Las medidas se suman a otros conflictos gremiales en la provincia, como el de los docentes nucleados en Aten, que también rechazan reformas laborales impulsadas en la Legislatura.
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