Las y los trabajadores Judiciales de Mendoza sostienen una medida de protesta que lleva su segundo día con acampes, asambleas permanentes y paro. Ante el pedido de mejoras en las ofertas paritarias, la protesta visibiliza la precarización laboral que padecen distintos sectores de la población, en particular las y los trabajadores judiciales.
Y para prueba de ello un botón: un sueldo de magristrado equivale a 20 sueldos de trabajadores y trabajadoras. La brecha salarial se agiganta ante la desigualdad en la asignación de haberes, donde los magistrados deciden por sí mismos los porcentajes de aumento siempre en base a sus ya abultados salarios; mientras que el sector trabajador debe pelear con las migajas que el Estado ofrece cuando se digna a paritar.
“Una persona que quiera entrar al Poder Judicial rindiendo el examen público tiene que superar varias instancias que son eliminatorias y necesita aprobar con altas calificaciones y con contenido jurídico bastante avanzado – este examen se rinde incluso en la Universidad Nacional de Cuyo- todo para que una persona cuando entra tenga un salario inicial de $225.000 lo cual es insuficiente para mantener a una familia de dos personas, y pagando un alquiler es imposible sobrevivir, es decir: un salario de hambre”, relató Juan Francisco Chéparo, trabajador del Juzgado de Familia de Luján de Cuyo desde donde se ha registrado cerca del 90% de acatamiento al paro. Agregó: “En este momento el personal de Luján de Cuyo resulta manifiestamente insuficiente porque hemos pedido que aquellas personas que están de licencia o se han jubilado sean reemplazados por nuevos ingresantes… al contrario de mandar personas que han rendido un examen envían pasantes – personas a las que le están pagando de sueldo $ 90.000- mano de obra barata y esclava a hacer el trabajo de un auxiliar administrativo; no decimos que no sea gente capaz y con ganas, pero estamos viendo otra cara de la precarización laboral”.
Claudia, trabajadora de la Oficina Fiscal N°1, relató sobre la situación en dicha dependencia: “Desde hace un tiempo las oficinas fiscales están siendo desmanteladas; hay gente que es trasladada a otras dependencias no es reemplazada. Nosotros en las oficinas fiscales trabajamos los 365 días del año, hacemos turnos de 8 horas y estamos siendo tres o cuatro personas por turno y eso no alcanza para atender a la cantidad de denunciantes que tenemos pero también atendemos a los aprehendidos, a la gente que tenemos que imputar con el riesgo que eso implica; si está con una custodia policial, nos separa simplemente un escritorio”. Relató la trabajadora que la carga horaria y las labores sostenidas no se refleja en el bono de sueldo, sumado a que los ítems recibidos en estos últimos años se han realizado en negro sin impactar en el salario básico.
Finalmente, Carlos Fernández, trabajador de la Oficina Fiscal N°5 de Las Heras, subrayó sobre lo que se replica en cada oficina fiscal: “Se trabaja de lunes a viernes, sábado, domingo y feriados… la oficina se cierra de noche pero está los 365 días del año abierta; son ocho horas a full, sin descanso y el personal no alcanza ante el caudal de gente, de procedimientos y de detenidos”.
Emanuel Aciar, Secretario de Gremiales, destacó sobre la medida que viene sosteniendo el sector: “Por los relevos que venimos haciendo tenemos cerca del 90% de acatamiento al paro; Anoche la lluvia fue fuerte pero no nos para, de hecho en comparación con días anteriores hay más gente, más carpas, hay gente que se está sumando… el agua no nos influye, estamos acá para algo más grande”.