Es el objeto de estudio de un grupo de investigadoras del CONICET abocadas al estudio sobre la realidad del inquilinato en la provincia de Mendoza y para lo cual han lanzado una encuesta para conocer la situación en el contexto vigente. La encuesta es voluntaria y de carácter anónima que circula por las redes sociales con el objetivo de generar datos sobre la temática.
Sobre esto, nos cuenta Virginia Miranda, investigadora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE- Conicet): “Si sabemos que a nivel nacional y provincial hay una serie de organizaciones que vienen construyendo información y disputando el derecho a una vivienda digna y a un alquiler posible, y accesible. Y nos parecía que desde los ámbitos científicos es importante empezar a ver el conflicto y cuáles son las tensiones y también la situación local que ya sabemos no es muy distinta al resto del país”.
A raíz de las recientes reuniones a nivel nacional en relación a este tema , junto con los pocos avances en cuanto a resolver una deuda histórica que va teniendo cada vez mayor impacto, la investigadora analizó: “En este momento hay una intención de derogar la ley o modificarla y lo que sí, es claro, que la ley no ha terminado de resolver o funcionar para mejorar las condiciones. Pero lo que también se discute es que con una ley tampoco vamos a resolver los problemas de vivienda, el inquilinato es solo una forma de acceso a la vivienda, pero tiene que ir acompañada de otras formas, como la construcción de vivienda nueva o mejoramiento de la existente, fomentar formas de organización que permitan el acceso tanto al suelo como a la vivienda”.
“Respecto de la encuesta aún no procesamos los datos, pero en general, los primeros punteos hablan de la falta de viviendas ofertadas que hay, muchas de ellas han pasado a ser de compraventa y eso hace a que aumente el precio de los alquileres. También se suma cuestiones que son históricas como el tema de los requisitos o cuestiones que no se regulan, por ejemplo, no a las mascotas, no a los niños, lo cual va limitando más y generando una brecha importante para poder acceder a una vivienda”, comentó Virginia y analizó sobre la brecha entre lo que cuesta alquilar y los ingresos familiares en el marco de la ausencia de políticas públicas sobre el tema dejando todo en manos del mercado.
“Hay una brecha a resolver porque si al inquilino no le alcanza para alquilar y al propietario no le conviene tampoco, hay que poner en discusión o problema que alguien tiene que resolver. La idea de esta mesa de discusión nacional tiene que ver con reducir esta brecha”, expresó la investigadora y agregó: “Por otra parte podemos decir que se ha agigantado el número de organizaciones o asociaciones sobre el tema, aquí al menos hay cinco organizaciones activas que las pueden encontrar en las redes sociales, estas organizaciones pretenden discutir, disputar y exigir soluciones de parte del ejecutivo”.
La encuesta lanzada por las investigadoras se encuentra en circulación y se estima que en los próximos meses comience con el procesamiento de datos. “Queremos que sea una herramienta útil y que de soluciones para la población inquilina, sobre todo en esta post pandemia que estamos atravesando”, expresó Virginia.
La encuesta es voluntaria y de carácter anónimo.
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