La Mosquitera La Mosquitera, Comunicación Popular
El Gobierno Nacional deberá devolver las pensiones no contributivas por invalidez laboral que fueron suspendidas durante los últimos meses, tras la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La medida busca revertir los efectos del proceso de auditoría implementado por la gestión de Javier Milei, que provocó la suspensión o baja de más de 100.000 pensiones en todo el país.
Así lo informó Mónica Bascuñan, referente del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, en su habitual columna radial. “La Defensoría logró que el Gobierno Nacional devuelva las pensiones suspendidas. Hay un listado disponible con los nombres de las personas afectadas, por lo que es importante que quienes sufrieron la suspensión revisen si están incluidas y, si no lo están, realicen el reclamo correspondiente”, explicó.
Pascuñan recordó que las pensiones no contributivas por invalidez laboral son un ingreso mínimo esencial para miles de personas con discapacidad, no solo por el aspecto económico sino también porque garantizan el acceso al Programa Federal Incluir Salud, que cubre tratamientos de alta complejidad, prótesis, órtesis y otros apoyos fundamentales para la vida diaria.
La especialista criticó la política del actual gobierno hacia el sector: “El ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional afecta tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores de servicios. Este juego de suspender y luego devolver las pensiones genera angustia e incertidumbre, y constituye una forma de violencia institucional”.
En ese sentido, señaló que los prestadores de servicios —que brindan apoyos terapéuticos y asistenciales— recibieron un aumento del 35%, muy por debajo del 70% que se había prometido. “Ese incremento, además, se pagará en cuotas, lo que agrava la crisis del sector”, agregó.
Bascuñan insistió en la necesidad de controlar que todas las pensiones sean efectivamente restituidas y llamó a las personas afectadas a comunicarse con el Observatorio de Discapacidad de Mendoza o con los medios locales para canalizar reclamos y hacer un seguimiento del cumplimiento de la medida.
“La situación sigue siendo crítica. Hay mucha discriminación y maltrato hacia un sector extremadamente vulnerable. Por eso es fundamental difundir la información y acompañar a quienes todavía no recuperaron su pensión”, concluyó.
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