El debate sobre la imputabilidad penal de menores vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública argentina. Distintos sectores políticos han reavivado la propuesta de reducir la edad de punibilidad —actualmente fijada en 16 años—, en algunos casos sugiriendo un umbral tan bajo como los 13 años. La iniciativa, fundamentada en la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, plantea interrogantes sobre la eficacia, la legalidad y el sentido de una medida que, para muchos especialistas, constituye un retroceso en materia de derechos humanos.
La Ley 22.803, sancionada en 1983, establece un régimen penal especial para adolescentes, basado en principios de resocialización, mínima intervención penal y adecuación a la etapa de desarrollo psicosocial del menor. Bajo este marco, sólo son punibles los jóvenes de 16 y 17 años que cometan delitos con penas privativas de libertad mayores a dos años. Sin embargo, la ley ha sido largamente cuestionada por no haberse adecuado aún a los estándares del sistema de protección integral consagrado por la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional desde 1994.
A pesar de esta deuda legislativa, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad ha sido fuertemente rechazada por numerosos organismos nacionales e internacionales. UNICEF, por ejemplo, ha advertido que una reducción sería inconstitucional y regresiva, en tanto vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, viola el interés superior del niño y contradice recomendaciones de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Los datos desmienten la idea de que existe un aumento descontrolado del delito juvenil. Menos del 1% de los delitos graves son cometidos por menores de edad”, señalan desde UNICEF. “Avanzar en medidas punitivistas es una respuesta simplista que no ataca las verdaderas causas del problema”.
En efecto, diversos estudios coinciden en que la delincuencia juvenil está estrechamente relacionada con factores estructurales: pobreza, abandono escolar, desintegración familiar, consumo problemático de sustancias, y la falta de acceso a derechos básicos como salud, vivienda y recreación. En ese sentido, expertos en criminología y derechos humanos sostienen que reducir la edad de punibilidad no sólo no resuelve el problema, sino que lo profundiza, al criminalizar la infancia y agravar los contextos de exclusión.
El debate, lejos de ser técnico, expone tensiones profundas sobre cómo entendemos la seguridad, la justicia social y el rol del Estado. Mientras algunos proponen endurecer las penas como única solución visible, otros recuerdan que una sociedad más justa se construye desde la inclusión, no desde el encierro.