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“LA INTENCIÓN ES POLÍTICA, NO LEGAL, ES TERMINAR CON LAS ORGANIZACIONES”

Dice la Constitución Nacional:

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

Este derecho permitió que lxs trabajadorxs logren derechos, y entre tantos beneficios más, permitió a la población mendocina defender la ley 7722 en cada ocasión en que fue atacada, sin embargo algunos representantes están siendo cuidadosamente elegidos por este gobierno para iniciarles causas judiciales, dialogamos con Lorena Torres, una de ellxs:

“…el lunes tenemos audiencia con nuestro compañero, donde estamos enfrentando una elevación a juicio por el código 194… lo que intentaría impedir que movilicemos, esto viene de hace algún tiempo, pero el gobierno de Cornejo avanzó con el intento de llevar a juicio a nuestros compañeros… en medio de la crisis, porque a 6 meses que asumió el gobierno realmente hay un desastre total en las condiciones de vida de los trabajadores, aumentando la desocupación, aumentando la inflación, todo menos los salarios de los trabajadores, esta situación intentan controlarla criminalizando el derecho a la protesta, es un medio que la provincia de Mendoza utilizó mucho para defender sus recursos, como la ley 7722, donde estoy siendo imputada… en un aniversario que se realizó en la legislatura junto a otros activistas… marca una selección que utiliza el gobierno para avanzar sobre quienes nos estamos organizando y enfrentando el hambre desde siempre, los comedores están saturados, no dan abasto con la cantidad de gente que va…”

En la lista de dirigentes procesados también están Víctor Dávila, Ernesto Huerta, Gimena Baez, Raquel Blas, Nora Moyano, entre otrxs.

Lorena tiene 10 imputaciones, y jamás recibió ninguna notificación al respecto: “…ese día que me detienen junto a Martin Rodriguez, me entero de la cantidad de imputaciones que tenía… yo tenía pedido de captura y no estaba ni enterada…” Para luego detallar de qué se la acusa: “…están intentando hacer de un delito “excarcelable”, un delito penal, con pruebas sumamente absurdas como “Lorena Torres en la legislatura con un cartel de la 7722 junto a 600 personas” ese es el tipo de imputaciones que tenemos…”

Convocan al Polo Judicial a las 9:30 hs del lunes 12 de agosto, a medios, organizaciones, sindicatos, vecinos, etc. para presionar en favor de las libertades democráticas.