Ita Cruciani, en comunicación con La Mosquitera, explica las novedades de las modificaciones de la Ley del Ministerio Público, luego de la renuncia de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, que era la autoridad máxima del Ministerio.
La Justicia Federal tiene tres órganos: Poder Judicial, Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal. Es decir, este organismo nacional se encarga de la persecución penal de los delitos complejos a nivel nacional: narco tráfico, trata de personas, lesa humanidad…
El oficialismo y aliados del PJ han presentado un proyecto de ley para restarle poder al Ministerio Público, proponiendo una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público; tiene diversos puntos, con grandes críticas. Se eliminarían procuradurías específicas, programas de defensa de derechos y direcciones específicas para el acceso a la justicia.
“Por una lado tenés la grave afectación a la autonomía del Ministerio Público; por otro lado, tenés la inestabilidad laboral, porque se dejan sin efecto las designaciones del 2013 en adelante, de funcionarios y empleados”, expresó Ita y agregó: “Se viene un golpe muy fuerte, y la semana próxima se empezará a tratar en el Congreso Nacional”.
Otro plano es cómo afectan estas medidas en las causas que se están llevando a cabo. Así, si el Ejecutivo toma el control arbitrario y discrecional de los distintos órganos del Ministerio Público Fiscal, pasarían a tener el control de todas las causas nacionales que involucran a funcionarios y bienes del Estado Nacional.
Este panorama afectará la independencia de los poderes. Se vienen estigmatizando a las y los trabajadores; luego harán, mediante resoluciones internas, grandes reformas laborales.