Por Alfredo Guevara
El Gobernador envió a la Legislatura un Proyecto de Código Contravencional para sustituir el antiguo Código de Faltas.
En tiempos de doble mensaje y mano dura conviene analizar con detenimiento este tipo de leyes, que suelen no estar concebidas para organizar un sistema de justicia igualitario y accesible sino para disciplinar a una sociedad que no se resigna a perder los derechos conquistados.
Se anuncia un sistema penal paralelo que habilitará a la aprehensión policial de cualquier ciudadano por 12 horas, estableciendo condenas de arresto de hasta 90 días y multas que van de los 100 a los 3.000 dólares impuestas en un juicio express sin garantías: sin abogado defensor, sin fiscal y sin un juez imparcial.
Se pretende sancionar a quien ofenda a la autoridad; o envíe un mensaje de whatsapp o a quien convoque a una manifestación, artículos que son abiertamente inconstitucionales por violar la libertad de expresión. El amo juega al esclavo, dice la letra del “Indio” Solari, un mensaje claro del partido del orden.
En tiempos de ajuste, no hay fondos ni siquiera para el lugar de cumplimiento del arresto de los futuros contraventores, que se sospechan cada vez más si recordamos el hit del verano. Ni siquiera las suculentas multas para seducir las arcas municipales podrán costear el sistema que debe montarse para garantizar un servicio de justicia serio y eficiente.
Viejas tipificaciones arcaicas y discriminatorias se repiten imponiendo multas impagables a adivinos o mendigos, incorporando a cuidacoches y limpiavidrios consolidando la estigmatización de un sector social. Ni siquiera el Tarot se salva. Ni las madres que no envíen a los niños a la escuela.
La demagogia punitiva que caracteriza a esta propuesta instala pour la galerie la condena a los padres por hechos de menores, jurídicamente imposible por violar el principio de culpabilidad. La responsabilidad de los padres por los daños y perjuicios ocasionados por sus hijos ya está legislada. La novedad es que se introduce una responsabilidad de tipo penal destruyendo el único fundamento legitimante para la aplicación de una pena que el derecho ha podido determinar: cada uno es responsable de sus propios actos.
Se pretende todo un sistema punitivo low cost construido alrededor de la amenaza de arrestos y altas multas que se contrapone con la solución alternativa de los conflictos como fundamento de una justicia de cercanía, restaurativa y moderna.
Además, como para que tener una idea general, el nuevo régimen establece sanciones para el acoso sexual callejero, la conducción peligrosa, maltrato animal, afectación del medio ambiente, violencia en espectáculos deportivos, ruidos molestos, entre muchas otras conductas sancionadas.
También podemos señalar lo que falta. No se incluye la sanción por discriminación. Tampoco contravenciones en perjuicio de consumidores y usuarios. Omite agravar la sanción cuando el autor es funcionario público, y les brinda a los funcionarios inmunidades y privilegios. Limita la mediación obligatoria a conflictos familiares. Omite regular la agresión o el hostigamiento, normas que resultan aplicables a diversas situaciones de violencia cotidiana, en especial la violencia de género. No establece una clara diferenciación entre competencias municipales y provinciales. No incorpora la condena condicional en caso de primera condena. Las mujeres no tendrán acceso al arresto domiciliario si están embarazadas o tienen hijos menores de cinco años a su cargo, como sí se garantiza a las condenadas por delitos penales.
Asimismo, si bien incorpora los trabajos comunitarios, todo el funcionamiento del sistema de sanciones lleva a una odiosa discriminación entre los que pueden pagar y los que no. Unos podrán limitar la privación inicial de libertad al pagar una caución y evitar la sanción pagando un abogado. Otros podrán pagar una reparación del daño. El que no pague la multa en el plazo de tres días de notificado, la verá convertida en un día de arresto cada 100 dólares. Un verdadero retorno de la prisión por deudas ya abolida en la Asamblea de 1813.
Decía Monseñor Arnulfo Romero, antes de ser asesinado en San Salvador: “La justicia es como la serpiente. Solo muerde a quien va descalzo”. Para que los descalzos tengan justicia habrá que difundir y debatir estos temas, la sociedad debe participar, modificando el proyecto y construyendo un sistema de justicia de cercanía que le sirva a los ciudadanos y no garantice privilegios e inmunidades a los que transitoriamente ocupan el poder. Soy un optimista de la voluntad, los mendocinos rechazamos el poder absoluto, como lo demuestra la derrota de Cornejo en su sueño de mayoría automática en una Corte adicta.