A partir de ahora el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas podrá exigir la adopción de medidas que impidan prácticas violatorias de Derechos Humanos por parte de las autoridades religiosas en todos los países del mundo.
Esto fue posible luego que el Alto Comisionado de Derechos Humanos, se expidiera sobre la denuncia que a principios del año pasado presentó XUMEK junto a la organización internacional ECA (Ending Clergy Abuse) acompañando a los y las sobrevivientes de los abusos sexuales en el centro educativo eclesiástico.
Desde El Arranque dialogamos con Lucas Lecour, presidente de Xumek; quien explicó cómo surgió la denuncia “esto tiene origen en un viaje que realizamos en el mes de febrero del año pasado a Ginebra junto a tres sobrevivientes del Próvolo; en ese viaje nos reunimos con los relatores de naciones unidas, entonces presentamos una denuncia contra la santa sede.” E indicó que “en esa denuncia nosotros marcábamos como los abusos sexuales eclesiásticos en todo el mundo tenían una práctica común que se daba también en el Próvolo. Esta práctica común es una serie de acciones que lleva adelante la iglesia católica ante la denuncia de un abuso sexual que lo que hace es que los responsables queden impunes y terminan siendo encubiertos y protegidos los curas pedófilos.”
En alusión al párrafo anterior el entrevistado comentó sobre el accionar sistemático de la iglesia católica “por ejemplo el traslado de un cura de una ciudad a otra, con el objeto de evitar ser perseguido con la justicia ante una denuncia. Acá en el Próvolo sucedió lo mismo con Corradi que fue trasladado de Verona a La Plata, y de La Plata a Mendoza.” Además mencionó otra de las practicas comunes que lleva adelante la iglesia “se niegan a dar información o no colaboran directamente con la justicia de los países y la denuncia de un caso de abuso sexual (…) otra de la cuestiones que hace la iglesia es entorpecer los procedimientos de reparación de las víctimas.”
Lecour comentó respecto a la nueva exigencia hacia el Vaticano que “esto es un precedente histórico porque nunca Naciones Unidas había intimado a la santa sede por los temas de abuso sexual eclesiástico (…) esta es la primera vez que se le da un plazo de 60 días para que conteste una serie de medidas que le pide el alto comisionado de Naciones Unidas.” El abogado expresó a que apunta dicho plazo “el objetivo es modificar practicas normativas, que hagan un pedido de disculpas a las víctimas y que garantice la reparación integral de ellas; que informen sobre los casos de abuso sexual y las medidas que han tomado en los casos de abuso sexual. Es algo que no obliga al Estado del Vaticano a contestar a esto, pero obviamente que cuando forman parte de una organización internacional como la ONU, un Estado se somete voluntariamente a esto.”
Para finalizar la idea del párrafo anterior dijo: “en el caso del incumplimiento lo que se rompen son las relaciones diplomáticas, entonces entendemos de que en la buena fe de las diplomacias debería haber una respuesta del Estado del Vaticano, y si no habrá una sanción diplomática.”
Te invitamos a escuchar la entrevista completa: