El endurecimiento de las políticas de ajuste y los mecanismos de represión del gobierno de Alfredo Cornejo en Mendoza busca debilitar sistemáticamente el tejido social de las organizaciones del campo popular. En los últimos 14 meses, la provincia ha sido escenario de una avanzada autoritaria que incluye el armado de causas ficticias y la detención de más de 40 personas por el solo hecho de manifestarse. Ante esta alarmante vulneración de los derechos humanos y la criminalización de la protesta, las bases populares se aglutinan para visibilizar el conflicto y defender sus conquistas históricas.
En esta coyuntura, Estela Fernández, militante e integrante de la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Guaymallén y de la Asamblea por Necesidad y Urgencia, analiza el impacto de la persecución política y la urgencia de fortalecer la autogestión colectiva.
La ofensiva institucional se ensaña de manera prioritaria con quienes custodian los bienes comunes de la provincia, intentando forzar un modelo extractivista que carece por completo de consenso social. “Tiene que ver con visibilizar la situación de persecución a la que están siendo sometidos, estamos siendo sometidos los sectores que luchamos y defendemos el agua para la vida, para la gente, para la naturaleza” explica Fernández.
La entrevistada detalla que este asedio gubernamental no distingue sectores, sino que opera con causas inventadas sobre “todo sector, toda organización, toda persona que se organice y salga a reclamar por sus derechos”. Ante la concentración del poder punitivo, la democratización del espacio público y la reafirmación de la identidad comunitaria constituyen las únicas herramientas efectivas para poner freno al saqueo y a la opresión cultural.
Frente a la arbitrariedad del sistema judicial, que impone multas millonarias a los sectores populares como mecanismo de disciplinamiento financiero, la solidaridad obrera y profesional emerge como trinchera indispensable. Las asambleas territoriales destacan el rol altruista de los abogados militantes que asumen de forma desinteresada el cuidado de los detenidos y el acompañamiento permanente de sus familias, conformando una red que articula la defensa legal con postas de salud para las víctimas de la violencia estatal.
Tal como describe la entrevistada, la respuesta ante la agresión oficial requiere institucionalizar la resistencia a través de herramientas de cuidado colectivo: “El primer derecho a garantizar es el derecho a la protesta. Si no podemos protestar, bueno, no hay otros derechos que se puedan garantizar”.
Bajo estas bases conceptuales, donde la movilización es concebida como un derecho social inalienable y un motor fundamental de la soberanía popular, las grupalidades del territorio impulsan el Festival “Protestar NO es delito”. El encuentro persigue un claro fin político y económico: constituir un fondo de lucha autónomo que permita costear las fianzas y los requerimientos burocráticos de los luchadores procesados.
“Es muy importante la recaudación que podamos hacer y que va a estar a disposición de las abogadas para cualquier detenide que lo necesite”, enfatiza Fernández, remarcando que estos recursos pertenecen al conjunto del movimiento social. La construcción de estas redes financieras autogestionadas asegura que los sectores más vulnerables de la comunidad puedan seguir alzando la voz sin que el ahogo económico comprometa su libertad.
La cultura popular y la ocupación de los espacios públicos representan dimensiones cruciales para que la palabra de las bases circule de forma oportuna y veraz, desarmando los discursos represivos oficiales. Este festival se proyecta no solo como un espacio de resistencia financiera, sino como una instancia vital de aprendizaje y articulación comunitaria.
“Es la necesidad esta de encontrarnos, abrazarnos, de escuchar musiquita, de escuchar un poema y bueno, y de seguir militando”, concluye Fernández, extendiendo un llamado a la acción para que cada vecino visibilice desde su cotidianeidad que organizarse y luchar por un país distinto es plenamente legítimo.
Agenda – Festival “Protestar NO es delito”
- Fecha: Domingo 5 de julio
- Horario: 13:00 a 20:00 hs.
- Lugar: Sindicato de Artes Gráficas (Patricias Mendocinas 1765, Ciudad de Mendoza).
- Actividades: Música en vivo, lectura de poesía, baile y un gran almuerzo popular con locro y empanadas.
- Entrada: $5.000 (Menores de 12 años ingresan gratis).
- Adquisición de entradas: Las anticipadas pueden abonarse mediante transferencia al alias luchaxelagua. Todo lo recaudado se destinará al fondo de lucha para afrontar las fianzas y los gastos legales de las y los manifestantes perseguidos en Mendoza.
Para conocer a fondo el análisis de las asambleas populares, los detalles del armado del fondo de lucha y la resistencia territorial que defiende los bienes comunes mendocinos, te invitamos a escuchar el audio completo de la entrevista con Estela Fernández:
