05-03-2018: Rubinstein: “En los países que legalizaron el aborto, la mortalidad materna bajó drásticamente”
A días de que se confirmara el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, afirmó en una entrevista con Clarín que “en los países que legalizaron el aborto, la mortalidad materna bajó drásticamente”. Chequeado consultó al ministro por la fuente de esta afirmación y no obtuvo respuesta. ¿Qué dicen los datos disponibles?
Sin embargo, existen estudios de casos para los países que avanzaron en este tipo de regulaciones durante las décadas del 90 y los 2000. En España, por ejemplo, el número de abortos cayó en términos absolutos y relativos desde que se legalizó esta práctica en 2010, mientras que en Portugal ocurrió lo mismo a partir de 2007.
Dentro de la región los especialistas suelen mirar a Uruguay, donde el aborto es legal desde 2012, ya que ocupa uno de los lugares con menor tasa de mortalidad materna en América. En el país oriental los abortos eran responsables del 37% de las muertes maternas durante el quinquenio 2001-2005, y cayeron hasta representar alrededor de 8% entre 2011 y 2015.
20-02-2018: Aborto: casi seis años después del fallo de la Corte, cuál es la situación en cada provincia
La Nación y nueve jurisdicciones dictaron protocolos que se ajustan a las instrucciones que dictó el máximo tribunal de Justicia del país, otras siete tienen protocolos que imponen requisitos que dificultan el acceso y las ocho restantes ni cuentan con normas locales.
En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre la interpretación que se debe dar al artículo 86 del Código Penal de la Nación, y estableció que el aborto no es punible (es decir, no es un delito) cuando la salud o la vida de la mujer están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación o “un atentado al pudor de una mujer idiota o demente”.
Hasta septiembre de 2017, nueve jurisdicciones adhirieron al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a sus criterios, de acuerdo con un informe realizado por un grupo de ONG entre las que se encuentran Amnistía Internacional y la Fundación Huésped. Estas provincias son Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
En tanto, otras siete jurisdicciones dictaron protocolos que incluyen requisitos extra que dificultan el acceso al aborto no punible. Son la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba (suspendido parcialmente por una orden judicial desde 2012), La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta.
Por último, las ocho jurisdicciones restantes –Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán- no cuentan siquiera con protocolos locales, incumpliendo así el mandato del fallo de la Corte Suprema.
04-03-2018: Vanesa Siley: “El ‘lawfare’ (guerra jurídica) es una manera de dañar al que piensa distinto políticamente”
La Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FE-Sitraju), Vanesa Siley, formó parte de la mesa de cierre del Encuentro de Judiciales. Allí hizo una síntesis sobre la jornada donde se discutieron problemáticas cotidianas de los y las trabajadoras judiciales, como también cuestiones generales del Poder Judicial.
Al ser consultada por las herramientas posibles para desarmar los mecanismos de la “guerra jurídica”, Vanesa dijo que es importante “poder contarle a la sociedad en qué consiste esto”. “Tenemos que poder explicar que es una manera de dañar al que piensa distinto políticamente. Para dañar su imagen pública y su legitimidad”. También propuso la necesidad de incorporar la democratización interna del Poder Judicial: “regular los derechos de los y las trabajadoras para que discutan con el poder y redistribuir el poder hacia adentro es una forma de transparentar y agilizar mecanismos para que la justicia no se comporte corporativamente”, aseguró.