Leyes inclusivas como la 26657, POCAS.
Pero ¿es vigente? SÍ. ¿Entonces se aplica? NO.
¿Por qué?
Por: Oscar Martín Guidone
Proyecto: “Violencia Institucional: hacia la Implementación de Políticas de Prevención en la Argentina”1, tendiente a prevenir la violencia en contextos de encierro por razones de salud mental. CELS y La Mosquitera
La respuesta es tan simple como increíble, como algunas de las “cosas” que nos ocurren hoy en el país. Derechos que según la legislación vigente deberíamos tener los ciudadanos y que no gozamos. ¿Por qué? Porque un importante colectivo de ciudadanos democráticamente elegidos no cumple con su tarea. Así de simple. La respuesta está en el ámbito de la “SIN RAZÓN”.
Porque mire que se hace y se ha hecho. Y sino vea, le cuento. Debido precisamente a que no se dictaba en Mendoza la respectiva ley provincial para la creación del Órgano de Revisión, que es el elemento indispensable para la PLENA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nacional 26657. Debido a ello, y luego del reclamo de profesionales, usuarios y familiares de usuarios, se constituyó un colectivo muy calificado que trabajó más de tres años, más de 144 semanas a razón de 3-4 horas semanales. O sea más de 510 horas aproximadamente, para elaborar el proyecto de Ley de creación del mencionado Órgano en la provincia. Este grupo que en su mayoría son profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, médicos, abogados), acompañados por Usuarios de los Servicios de Salud Mental y militantes por los DDHH lograron por fin elaborar ese proyecto de Ley.
Este material, que dicho sea de paso podía ser mejorado, fue entregado en la propia legislatura (Anexo – calle Espejo 256) a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida en ese entonces por el legislador (hoy mandato cumplido) Luis Francisco. En esa reunión quedó clarísimo que los legisladores provinciales no tienen “ni idea” de la Ley Nacional de Salud Mental; prueba de ello es que en ese mismo acto, un empleado de la Legislatura entregaba en manos a cada legislador el texto de la 26657, Ley Nacional que tenía más de dos años de vigencia. Perdón, y si los legisladores sabían y la conocían a fondo, la orden del partido dice que… ¿?
Finalmente digamos que el proyecto del colectivo mencionado, fue presentado en septiembre de 2015 y desde entonces en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con tantas y cuales modificaciones, el proyecto quedó “inservible” pero al menos no salió de proyecto.
Entrevistada la actual presidenta de la Comisión de Salud, que en uno de sus armarios dormía el sueño de los justos el proyecto oportunamente presentado, respondiendo a la invitación a cumplir con la responsabilidad que les cabe, dijo que “antes de la creación del Órgano, Mendoza debe adherir a la Ley Nacional”… ¡¿?! Tema para otro debate.
Lo correspondiente es la difusión lo más masivamente posible de la situación y en eso estamos. Pero que quede claro, si los Legisladores de Mendoza no cumplen con su deber respecto de la Ley 26657, simplemente esa ley sigue cajoneada, olvidada, deslegitimada, incumplida. Es como si no hubiera esa ley. Podríamos decir que en Mendoza la referida Ley Nacional está “desaparecida”, ¿te suena?
Si querés, como se dice ahora, “googleás” la ley y te vas a dar cuenta de cómo la impericia, o la orden partidaria de los representantes del Pueblo en la legislatura provincial, hacen que los beneficios que otorga la Ley Nacional no lleguen ya y ahora a una muy importante cantidad de ciudadanos mendocinos.
Y de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos, se trata de poner en evidencia por qué no hay ni hubo funcionario del área (de Salud en general o de Salud Mental en particular) que diera explicaciones de por qué la ley no se aplica. Dicho de otro modo, es el propio Estado Provincial el que no cumple la Ley Nacional, digo porque el Poder Legislativo es una de las tres patas del Estado. El Poder Judicial no lo reclama y el Ejecutivo silba con las manos en los bolsillos pateando piedritas en el parque.
En cuanto al Poder Legislativo en particular, se nota la falta fragante de los legisladores en el cumplimiento de sus responsabilidades. Ellos deben, tienen la obligación de hacer todo lo que deben hacer para que las Leyes Nacionales en la Provincia se cumplan. Sino, están faltando a sus deberes de funcionarios.
Desde afuera podemos decir que ya en 2014 era una “tarea pendiente” de la Legislatura Provincial, porque en mayo de 2013, Cristina Fernández de Kirchner publicó en el Boletín Oficial Nº 32649, el Decreto Reglamentario. Ya en 2015 la “tarea pendiente” adquiría otro carácter: el de “postergado”. Pero atentos a la actitud de la sociedad civil, la deuda de los legisladores respecto de la temática es por lo menos grave.
Lo real y concreto es que todos y cada uno de los legisladores de la provincia, por acción u omisión, son responsables de que la población de Mendoza en general y las personas en crisis de Salud Mental en particular no gocen de esa Ley.
Cómo decía mi abuelo: ¡¿para qué vas a decir Ru-ru, si querías decir Ruperta?!
Chauuuuu y hasta la próxima.
[1] Proyecto financiado por UE