Dr. Horacio Báez
En pocos meses el pueblo argentino ha sido agredido con normas jurídicas de notable arbitrariedad y contenido represivo. Un Proyecto de ley de nuevo código contravencional enviado a la Legislatura de Mendoza por el gobernador Cornejo. De este código y su objetivo de control social ilegal ya se ha encargado la revista La Mosquitera de julio pasado.
El presidente de la Nación ha firmado un decreto por el que autoriza a las FFAA a intervenir en asuntos de seguridad interior. El objetivo de esta norma consiste en tratar de disciplinar mediante amedrentamiento a quienes tratan de organizarse para trabajar y vivir más dignamente y defender sus derechos. Nada más indeseable para estos gobiernos que la organización política de los excluidos y de los que van quedando sin trabajo y sin proyecto de vida.
El decreto 683/18 responde a concepciones impulsadas desde el Pentágono estadounidense y su Comando Sur y da cabida a la intervención de las FFAA en situaciones de seguridad interior. La “necesidad” de esa intervención será decidida por el mismo presidente con su ministra de seguridad, que han demostrado no tener ningún respeto por la legalidad al felicitar a un policía por matar por la espalda mientras huía al joven Pablo Kukoc, de dieciocho años de edad y consideraron terroristas a un grupo de personas integrantes del pueblo Mapuche acompañados por Santiago Maldonado en sus reclamos de tierras por sus derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Art 75 inciso 17. Estos actos políticos son los que podrán dar lugar a la intervención de las FFAA, que solo están preparadas para la guerra contra enemigos externos. Ley de defensa nacional 23.554/1988, artículo 8°. Esa determinación de tareas está ratificada por la ley de seguridad interior 24.059/1992 que da esta función a las fuerzas policiales preventivas. El artículo 4° de la ley de defensa nacional señala que “Para dilucidar las cuestiones atinentes a la Defensa Nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. La Seguridad Interior será regida por una Ley Especial.”
Veamos algunos antecedentes relacionados a este decreto inconstitucional. Art. 99 incs. 2° y 3°, primer y segundo párrafo CN. Destacaremos el porqué de que este poder ejecutivo haya dictado este decreto con conocimiento de que no es lícito.
Al poder le interesa profundizar el estado de miedo al que viene llevando al país. Estas políticas implican gravísimas consecuencias para la integridad física y psíquica de quienes se opongan a las medidas antipopulares que ya han causado mucho daño y que se están agravando a medida que las personas con menores recursos actúen con mayor desesperación.
La Secretaria de Gobernación del nuevo gobierno democrático que asumirá en México, luego de más de diez años de intervención de las FFAA en la seguridad interior, se preguntó: ¿Cómo se puede normalizar que existan cientos de fosas clandestinas en el país?”. Siendo que en la Argentina tenemos una durísima experiencia de fosas clandestinas luego del gobierno militar, ¿Es a eso a lo que nos expone el gobierno de Macri?
El futuro secretario de Seguridad Pública de México prometió combatir al narco “en su principal fortaleza, que son las finanzas, porque es lo que le da capacidad para corromper y comprar protección oficial con sus recursos”. El mismo presidente electo, López Obrador, anunció la vuelta a los cuarteles de los militares. Denunció que los presidentes anteriores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían dado a los militares órdenes que terminaron en masacres.
Al parecer entonces, el presidente Macri pretende repetir la experiencia mexicana, con más masacres y con incremento del narcotráfico, dado que las operaciones financieras son las únicas que practican los actuales gerentes comerciales que nos gobiernan.
Otro dato escalofriante del gobierno de los militares junto a los presidentes neoliberales de México es que entre 2006 y 2017 hubo 234 mil muertes por represión. La conclusión de Martín Granovsky es que Macri nos lleva a la muerte y que quizás sea otro gesto de sobreactuación en el alineamiento internacional con los Estados Unidos. En este sentido ha sido elaborada la “doctrina de las nuevas amenazas” por el Pentágono para mejor controlar el espacio geográfico bajo jurisdicción de su Comando Sur. “Fue impulsada aquí desde el 2000 por el entonces ministro Ricardo López Murphy, quien mencionó como enemigos la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales.” Sostiene Horacio Verbitsky en su articulo “El Gato con botas” en la revista El Cohete a la luna. Es notable que desde EEUU de Norteamérica nos introducen en una política mundial de sometimiento a ellos con algunas de las excusas que menciona el decreto: narcotráfico y terrorismo.
Hace ya años que este gobierno nacional, seguido por gobiernos provinciales como el de Mendoza, viene privando de derechos a millones de personas con disposiciones que han ido cercenando los caminos que nuestro pueblo recorre para luchar por su subsistencia. No es sorpresa para el neoliberalismo reinante que nuestro pueblo reaccione por distintas vías. Con tal previsión es que recurren ahora a esta última carta, más violenta y radical. Estamos ante un Estado que solamente crece para reprimir y en cambio deja que en el plano económico se fortalezca cada vez más el sector empresario y financiero más concentrado y poderoso.
Las FFAA en sus repetidas intervenciones en nuestro país a partir del año 1930, tomaron en sus manos todos los poderes del estado argentino. Pasaron por encima de todos los derechos individuales y sociales de los habitantes. Mataron y privaron de libertad a miles de personas en todos esos golpes; incrementando su violencia hasta el más criminal de todos, durante los años 1976 a 1983.
Durante el primer gobierno democrático posterior, con el poder ejecutivo a cargo del Presidente Alfonsín, se realizaron por primera vez en nuestra historia, juicios contra las FFAA por los aberrantes delitos cometidos por sus integrantes. Sin embargo, ese gobierno democrático tuvo importantes condicionamientos frente al poder militar todavía amenazante, lo que obligó a dictar la ley de Obediencia Debida. Luego y por la misma debilidad, aunque esta vez acompañada por una cierta complicidad, el gobierno de Carlos Menem promovió la ley de Punto final en favor de los comandantes que estaban condenados y presos por delitos de lesa humanidad.
Pero antes de Menem había ocurrido un hecho de vital importancia referido al tema que nos ocupa. En el año 1989 fue sofocada una acción militar contra el cuartel de La Tablada. Una vez derrotado el agresor, al tiempo que el presidente Alfonsín fue al lugar de las acciones, algunos militares, sin conocimiento del presidente, torturaban, fusilaban y hacían desaparecer a parte de las personas que habían intentado la toma del cuartel. Es decir que seis años después de finalizada la dictadura, había personal militar que cometía, en circunstancias diferentes, los mismos delitos. Verbitsky, H.: “Vida de perro”. Bs As. Ed. Siglo XXI. 2018. Pág. 223/224.
La situación de grave tensión con ese pasado criminal reapareció cada vez que se cuestionó el ascenso de militares que presumiblemente habían tomado parte en esa represión. Hasta el último incidente entre los años 2013 y 2017 en el que se logró el sometimiento a juicio por graves delitos del general César Milani, quien continúa bajo proceso.
Estos incidentes nos demuestran que más allá de la ilegalidad formal del decreto de Macri, es muy peligroso para el futuro del proceso constitucional actual, llamar a las FFAA para ejercer funciones de seguridad interior. Y no se trata de un peligro objetivo solamente. Este gobierno nacional ha mostrado de muchas maneras su afinidad con el último gobierno militar. Solo como ejemplo de ello mencionamos desde sus acciones directas contra la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, pasando por la persecución política y encarcelamiento torturante de Milagro Sala, hasta la muy reciente tentativa de promoción de la libertad de condenados por delitos de lesa humanidad a través del llamado “2 por 1” de los dos jueces de la Corte suprema nacional, Rosenkrantz y Rosatti, que este gobierno pretendió nombrar por decreto.
| Podemos pensar que una parte de las FFAA, si se la estimula como lo hace este gobierno, puede volver a ponerse en contra del proceso democrático. También sospechar que las actuales autoridades nacionales están dispuestas a que sus sucesores sean las FFAA para que sus delictivos intereses económico-financieros no se vean debilitados. |