Desde El Arranque conversamos con Juan Carlos Nievas, abogado que representa a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, organización ambientalista que recurrió a la justicia para frenar las hidrofacturas en Malargüe por no cumplir las medidas de la ley 5961.
El gobierno de Mendoza junto al Departamento de Irrigaciones aprueban el fracking porque dicen que tiene un mínimo impacto ambiental. Juan Carlos expresa que ya existen unas cinco causas en la Suprema Corte de Mendoza, por lo que los reclamos ambientales no están acallados y está todo judiciaizado. A continuación, el abogado nos explica el aspecto procesal de la causa.
La Fundación de Ambiente y otras organizaciones ambientalista interpusieron diferentes amparos que persiguen la nulidad de la autorización para la hidrofactura, la Fundación tenía entre ellas diferentes pruebas que fueron rechazadas.
El expediente se fue a la Cámara de apelación que luego de escuchar a las partes, rechazó la medida cautelar porque entendió que no era procedente la apelación porque, entre otras cosas, quedaba en abstracto el reclamo. Ante esto, la Fundación llega a la Corte, quienes indican que al momento del dictamen ya estaba vigente el Código Procesal Civil y Tributario que establece que cuando se resuelven las medidas precautoras, admitiéndolas o rechazándolas, es apelable, “por lo tanto se ha equivocado la Cámara y ha violado el derecho de defensa de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales”, asevera el abogado ambientalista.
Respecto a la abstracción de la causa, el abogado indicó que “la Cámara se extendió en el poder de resolver y dijo que la causa era abstracta porque ya existía la hidrofactura en 4 pozos, y nos enteramos que en realidad eran 5 pozos. Éste último ha sido totalmente ocultado, no hubo evaluación de impacto ambiental, no hubo audiencia pública ni participación ciudadana, ni se comunicó a las comunidades originarias. Son muchas causas judiciales”.