El miércoles 2 de marzo se realizó una asamblea general en la explanada del palacio de justicia con una gran asistencia de trabajador@s del sector, con el motivo de someter a votación como se va a seguir encarando la lucha en tanto los salarios.
Recordemos que la propuesta salarial del gobierno para todo el sector de trabajador@s estatales es del 13 % escalonado desde marzo hasta junio y que en enero y febrero no existe ningún tipo de recomposición salarial para el gobernador.
Nos contaba Ricardo Babillon secretario general del sindicato “la propuesta es insuficiente y discriminatoria hacia el sector judicial” y también denunciaba que el problema de las oficinas fiscales se sigue acrecentando ya que el 50% fueron cerradas y por dar un ejemplo nos decía que en Rivadavia al cerrarle la oficina fiscal a la población se les quita el derecho al reclamo y denuncia de cualquier posible hecho delictivo “tienen que entender la gravedad del tema hemos tenido un femicidio hace unos días en Rivadavia y se viene reclamando la reapertura de su oficina fiscal, ya que la gente del pueblo debe viajar hasta Junín para hacer una denuncia” en referencia Carla Del Souc de 27 años, maestra de educación inicial asesinada por su ex pareja el señor Federico Acevedo.
Otra situación que deben enfrentar cada vez que hacen un reclamo salarial es que deben lidiar con un doble frente, por un lado el gobernador y por el otro la corte suprema de justicia de la provincia con Dalmiro Garay a la cabeza de los ministros. Interviniendo o no en la decisión de cuánto debe ser el aumento salarial que merecen los trabajadores solo cuando les conviene y no se expresan porque según ellos “estarían pre opinando” pero si pre opinan cuando emiten una acordada para prohibir las asambleas que proponen l@s trabajador@s o el sindicato lo que es un avasallamiento no solo a su derecho al reclamo sino además a la Constitución Nacional.
Enrique Cavanillas encargado de todos los depósitos y distribución de insumos de limpieza del poder judicial para repartirlos en la provincia, luego de mas de 15 años en ese puesto y de 28 de servicio recibe un sueldo de 700 mil por mes. Nos decía que “para la patronal somos un gasto” y que hay una extensa diferencia salarial entre funcionarios y l@s trabajador@s del poder judicial provincial, “el presupuesto del sector se divide en mas del 75% para sueldos de los magistrados y funcionarios; y el resto es para sueldos del personal, mantenimiento de edificios y de vehículos, papelería, elementos de limpieza, etc y no dan los números para eso” explicando así que no hay igualdad de condiciones para nadie. Nos aclaró que en el poder judicial tod@s l@s empled@s son “full time ya que en cualquier hora te llaman para trabajar en contra-turno o labures doble ya sea para hacer mudanza o para hacer limpieza especiales” eso no se paga como hora extra o con el ítem de mayor dedicación. Durante el año 2020 para l@s trabajador@s no existió ningún aumento salarial, pero para todos los funcionarios de la corte si lo hubo mientras se tuvo que arriesgar la vida en mas de una situación para mantener en funcionamiento el poder judicial poniendo l@s laburantes sus cuerpos a disposición para la sociedad.
Hablamos también con Gustavo trabajador judicial de una oficina fiscal, nos contaba de la situación diaria de trabajo: todas las oficinas tiene un horario de 7 AM a 23 horas dividido en dos turnos, cualquier empleado es la primer cara que se ve cuando se realiza una denuncia de violencia de género o maltrato infantil, también reciben aprehendidos o detenidos que deben declarar con el peligro que eso conlleva. Hay cada vez menos personal ya que por el bajo salario y la exigencia psíquica que deben enfrentar al recibir las denuncias es altísima; todo esto se suma a que para poder ingresar a cualquier puesto de trabajo se debe rendir un examen de muy alta jerarquía académica para poder aprobarlo.
Al final de la asamblea decidieron ir al acto de apertura del año judicial y fueron interceptados por la policía que no les dejo hacer visible el reclamo ante los ministros de la corte suprema; con tal de trabar el avance de l@s trabajador@s la policía apuntalo unas puertas de vidrio y por ponerle una silla que hizo de palanca en uno de los picaportes se rompieron los cristales en mil pedazos, pueda ser que no se culpe a los judiciales por el accionar de la policía dirigida por el gobernador Alfredo Cornejo.
Todo por un sueldo de 600 mil de inicio con una inflación real que galopa muy lejos con respecto al valor real de la canasta básica.
EL TRABAJO SE DIGNIFICA CON SUELDOS QUE PERMITAN AL TRABAJAD@R RECIBIR UNA BUENA REMUNERACION.
LA JUSTICIA ES UN DERECHO PARA TOD@S.
Te invitamos a escuchar las voces de los trabajadores que entrevistamos.