La justicia mendocina tiene en su poder el futuro de 48 niñas y niños que asisten a las salitas maternales de la Esc. Hogar Eva Perón. La jueza Beatriz Salvini y los magistrados Alfredo Dantiacq Sánchez y Juan Pablo Civit deberán resolver en las próximas horas sobre la continuidad o no del jardín maternal que funciona en la Escuela Hogar Eva Perón.
Más de 30 familias se ven perjudicadas ante esta situación y han presentado medidas cautelares en defensa de sus derechos y el de sus hijos e hijas. Solitando respuestas, la comunidad educativa se reunió hoy en las afueras de casa de Gobierno. “Estamos reclamando que se retroceda con el cierre de la guardería; se han presentado un montón de recursos legales para detener esto pero no estamos consiguiendo ninguna respuesta de la Casa de Gobierno ni de la Municipalidad de Capital… nadie nos da respuesta y mucho menos una mínima compañía”, expresó Roxana Guerrero, mamá y celadora de la escuela Eva Perón.
Desde la Dirección General de Escuela (DGE) se ha dispuesto el cierre de 13 jardines maternales en la provincia. “Han arrasado con un montón de lugares sin tener en cuenta los derechos de los niños y de nosotras como mamás, donde acá el 90% de las mamás somos sostén de familia; y nos avisan de un día para otro que lo van a cerrar; Nos están dejando a la deriva, yo pierdo mi trabajo porque no tengo dónde dejar a mi hijo”, expresó Roxana.
Por su parte, el abogado representante de las familias afectadas, Marcelo Venier expresó en relación a la decisión adopatada por la DGE: “Las acciones de amparo presentadas pretenden no solamente dejar sin efecto la resolución dictada por la DGE y se hace hincapié en que la oferta educativa efectuada por la DGE aceptada por los padres y madres no se ve cumplida; Además se está incumpliendo con la Ley Nacional de Educación porque está el Gobierno de la provincia está tercerizando la educación”.
En relación a esto, el abogado expresó: “Es una política de recorte pero solamente para el sector pobre, porque preguntese si es la única institución educativa que pueda tener inconvenientes administrativos, porque si este es el caso debería cortale el recurso a escuelas privadas que tienen subsidio estatal… es un principio de igualdad y sobre todo de no discriminación porque acá se está discriminando a la gente pobre y a la mujer trabajadora. Este es un punto de inflexión para que la justicia de Mendoza ponga un coto a toda esta situación porque es intolerable que se deje sin recursos a la gente que menos recursos tiene”.
