A 3 años del asesinato de Florencia Magalí Morales en una comisaría de San Luis, charlamos con Pavla Ochoa, integrante de CORREPI.
El expediente cambió la carátula a “torturas agravadas por el resultado muerte”: el comisario, subcomisario y dos agentes fueron procesados como coautores.
“Fue en el marco del aislamiento preventivo que se había realizado en época de pandemia, recordemos que el gobierno nacional había dado la potestad para que quien esté a cargo de que se cumpla sean las fuerzas de seguridad, y concretamente el 5 de abril del 2020 Florencia Magalí Morales fue encontrada sin vida en la comisaría de Santa Rosa, en San Luis…”
Sobre lo cual agregó que suele decirse en estos casos que se suicidó, así como en los casos de gatillo fácil, enseguida se comunica que hubo un enfrentamiento, generando un argumento de defensa a la institución represiva.
Lo importante esta vez es la organización de la familia: “no se quedó con este argumento sino que salió a marcar que había sido un asesinato por parte del estado, y que logra que se haga una pericia que determina que Florencia había sido estrangulada en la comisaría…”
El contexto en que suceden estas muertes es abrumador: “… desde 1983 al 2022, que comenzamos con este trabajo de comenzar a darle datos al estado, pero que también sea una herramienta organizativa para el campo popular, estamos hablando de 8.710 personas asesinadas…, en el 2022 fueron 529, desde comienzo del año a ese diciembre del 2022 estamos hablando de 436 muertes, y el dato es que 319 ocurrieron bajo custodia, en lugares de detención…”
En base a lo cual acentuó: “… lo que nosotras marcamos es la necesidad de que se comience a revisar el uso masivo de la prisión preventiva, que se elimine del sistema de facultades que habilita a las fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, esto teniendo un fallo… de la Corte Iberoamericana después que pudimos llevar adelante la lucha por Walter Bulascio, un caso emblemático…”