Diversas asambleas y colectivos socioambientales de Mendoza volvieron a manifestarse contra el avance de proyectos extractivistas en la provincia, reafirmando su defensa de la Ley 7722, los glaciares, la cordillera y las fuentes de agua que sostienen la vida y la producción local.
En un documento leído durante la concentración, los manifestantes recordaron que “el agua vale vida” y que su preservación es un derecho fundamental. “Defendemos nuestras comunidades originarias, nuestros puesteros y la transhumancia, que es patrimonio de la humanidad”, expresaron.
El pronunciamiento incluyó un fuerte rechazo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y a los proyectos vinculados a la Ley Bases, por considerarlos instrumentos que facilitan la explotación indiscriminada de los recursos naturales. También se cuestionó la posible reactivación de la mina San Jorge y la creación del Distrito Minero Occidental en Malargüe.
“Rechazamos los intentos de imponernos la megaminería, que libera gases de efecto invernadero e incrementa la temperatura del planeta, agravando la crisis climática”, señalaron desde las asambleas.
El comunicado hizo referencia a los fallos en los controles ambientales por parte de los organismos provinciales. Se mencionó como ejemplo el caso del canal Pescara, donde Irrigación autorizó el vertido de efluentes cloacales por parte de ISAM, afectando cultivos de Guaymallén y Lavalle. “¿Dónde estuvieron los controles entonces? Esto es sinónimo de destrucción y decadencia”, advirtieron.
Las organizaciones exigieron la sanción de la Ley Provincial de Humedales, la aprobación del proyecto de Área Natural Protegida Uspallata–Polvareda, y la ruptura del convenio con la empresa estatal israelí Mekorot, denunciada internacionalmente por prácticas de apartheid hídrico. Según los manifestantes, el acuerdo con esa compañía “busca modificar la histórica Ley de Aguas de 1884 y convertir el agua en una mercancía sometida a las leyes del mercado”.
Asimismo, pidieron el cierre definitivo de Impulsa Mendoza S.A., la restitución del seguro agrícola, del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y del programa de lucha antigranizo, al tiempo que expresaron su repudio al modelo extractivista como columna del capitalismo imperialista en crisis civilizatoria.
“¡Viva la lucha y la resistencia popular! ¡Venceremos defendiendo el agua y la 7722!”, concluye el documento leído por las organizaciones, en una nueva demostración de unidad frente a las políticas que —afirman— amenazan los bienes comunes de Mendoza.
