En Mendoza, organizaciones sociales, comunitarias y trabajadores de la niñez se movilizan nuevamente en rechazo al proyecto de ley que busca reducir la edad de punibilidad penal a los 13 años. Ana Sosino, integrante del colectivo No a la Baja Mendoza, destacó la importancia de visibilizar esta problemática frente al silenciamiento de los medios hegemónicos y la falta de respuestas estatales.
“El contexto actual es mucho más complejo que años anteriores”, explicó Sosino. La creciente pobreza infantil, el deterioro en la salud mental de niños y adolescentes, y el desmantelamiento de programas estatales de protección de derechos configuran un escenario alarmante. “Tenemos casos de autolesiones, intentos de suicidio y consumo problemático que el Estado no atiende. Frente a este panorama, la respuesta del Gobierno es más castigo, no más cuidado”.
Desde el colectivo denuncian que el proyecto —impulsado por el Poder Ejecutivo y debatido actualmente en el Congreso— no responde a datos ni realidades territoriales, sino a un enfoque punitivista y electoralista. “No se escucha a quienes trabajamos con las infancias ni a las propias niñeces. Y se utilizan casos dolorosos para justificar una ley que afectaría a miles de jóvenes sin considerar su contexto”, remarcó.
Argentina, que ha sido reconocida internacionalmente por mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años, podría dar un paso atrás de más de un siglo si prospera esta reforma. “Volveríamos a un paradigma de encierro como única respuesta a lo social. Las cárceles no resuelven el delito ni restituyen derechos”.
El colectivo convoca a un encuentro abierto este lunes a las 18 h en el Espacio por la Memoria (EPM), para seguir construyendo estrategias de visibilización y acción política. “La cárcel no es lugar para un niño de 13 años. Lo urgente es garantizar comida, educación y salud mental, no construir más centros de detención”, concluyó Sosino.