En la ciudad de Mendoza, hoy 12 de septiembre, volvieron a concentrar las organizaciones sociales con un abanico de reclamos: el tratamiento y aprobación urgente de la Ley de Emergencia Alimentaria, por el desprocesamiento de las imputaciones a militantes, gremialistas docentes e incluso a un senador provincial, a raíz de la última movilización del 4 de septiembre en el marco de una jornada nacional para denunciar el hambre y el ajuste; y especialmente por la libertad de Daniel Ruíz, procesado desde hace ya un año a razón de la manifestación contra la Reforma Previsional.
La jornada de lucha de hoy se basó en la concentración, movilización, Radio Abierta y la conformación de un informe para ser entregado al gobierno y para su lectura en conferencia de prensa, puntualizando todos estos reclamos. Alrededor de dos mil personas se hicieron presentes, y con nuestro móvil de La Mosquitera movilizamos junto a las organizaciones sociales rescatando sus voces.
Martín Rodríguez del Polo Obrero, indica que “hoy una de las consignas es el desprocesamiento de los compañer@s y pedimos asistencia de alimentos a los merenderos, el aumento de los salarios, y el repudio al gobierno que reprimió en el acampe en Buenos Aires“.
Raquel Blas de la Coordinadora Sindical Clasista, manifiesta que “la respuesta a l@s trabajadores tiene que llegar ya. Es necesaria la unión entre trabajadores y desocupados para exigir que se eleve el salario porque no se puede seguir esperando en este contexto de hambre”.
Victoria Guevara integrante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, y Ernesto Huerta del Frente de Organizaciones en Lucha, comentan que las negociaciones con el gobierno vienen muy trabadas por lo que esperan que les den respuesta a su petitorio, y se suman al reclamo por la libertad de Daniel Ruiz quien lleva un año preso, además de los 11 imputados por la movilización del 4 de septiembre, en el corte del nudo vial.
Que los docentes se sumaran a las organizaciones sociales con la consigna “con hambre no se puede aprender”, legitima la lucha de los sectores populares, y esto es precisamente lo que no tolera el gobierno, según decretó Victoria: “Los docentes son los que se preguntan juntos a nosotros qué posibilidades tienen nuestros hij@s, somos los actores que estamos en el territorio los que sabemos lo que está pasando, y esto es lo que llevó a esas imputaciones. Proceso judicial que estuvo lleno de irregularidades. A pesar de todo seguimos en la calle”, dice Victoria.
Liliana Lucero, integrante del Movimiento Popular por la Dignidad, organización social que conforma la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CETEP), manifiesta que “el reclamo es por la Emergencia Alimentaria porque la situación de hambre en los barrios es alarmante”.
Las compañeras de la Cooperativa Fernanda Toledo, dicen que estas políticas económicas excluyentes obstaculizan la producción en las unidades productivas. “Ni siquiera se pueden pagar los sueldos por los costos altísimos de los servicios básicos”, decreta la compañera.
Y Pablo Masutti docente integrante del SUTE, indica que “se está denunciando el disciplinamiento, la represión a la protesta social, y el desprocesamiento de Daniel Ruiz“. El 17 de septiembre tienen la segunda audiencia para definir esta situación.
El gobierno sigue imputando y procesando pero las organizaciones sociales se seguirán movilizando y reclamando ante esta política de ajuste y abandono total del Estado. Se espera para esta tarde las novedades respecto al tratamiento en el Congreso provincial de la Ley de Emergencia Alimentaria.