El pueblo mendocino ya se ha manifestado masivamente en varias oportunidades en contra de la megaminería contaminante ¿por qué tanta gente poderosa cree que el pueblo se equivoca? ¿tanta soberbia tienen?
Directamente desde el anexo de la Legislatura provincial, nuestro corresponsal nos informó sobre el tratamiento del nuevo código minero. Allí estaban en defensa de la Ley 7722 Luis Sanchez, Federico Soria, Nora Moyano y Daniel Funes, dialogamos con Luis:
“La idea que tiene el gobierno de Mendoza en su proyecto de nuevo código minero extractivista es eliminar el consejo minero para de alguna minera para darle a la Dirección de Minería del gobierno la posibilidad de tomar decisiones de cómo se adjudican los proyectos. Hoy la cámara minera a través de sus representantes se estaba oponiendo a esto porque defiende intereses sectoriales extractivistas… Nosotros estamos acá en la calle… oponiéndonos a este proyecto elaborado en conjunto con Canadá desde la feria de Toronto, porque entendemos que no se puede modificar la matriz productiva de ningún sector de la provincia como el caso de Malargüe…que tiene minería pero no megaminería metalífera contaminante, saqueante y patriarcal…”
El consejo minero es un ente multidisciplinario, colegiado, que vigila quiénes pueden hacer minería, cómo van a hacerlo, en qué momento y dónde, sin esta entidad la decisión será exclusivamente del gobernador.
Entre otros cambios se destacan: donde la ley 7722 dice “se prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en la minería metalífera”, quieren utilizar “otras sustancias tóxicas similares” como el xantato o la poliacrilamida. También pretenden pasar 250 proyectos megamineros, cuando la ley exige “que pasen de a uno”. Planean crear “el distrito minero Malargüe Occidental”, lo cual también está reñido con la ley porque ésta aplica a todo el territorio provincial. La maniobra consistiría en que habiéndose aprobado la Declaración de Impacto Ambiental para todo ese distrito, en el futuro cada explotación solo necesitaría un “aviso de proyecto”, para poder avanzar sin ningún monitoreo por parte de la legislatura.