Entre 2023 y 2025, la Argentina ha experimentado una preocupante involución en sus políticas de género. Si el período anterior se caracterizó por avances significativos, como el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad , la Ley de Paridad de Género y programas de acompañamiento a víctimas de violencia, la dirección actual apunta hacia un desmantelamiento explícito de los marcos protectores.
El anuncio del gobierno para 2025, de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, bajo el pretexto de una supuesta “igualdad ante la ley”, es una señal de alarma. Esta decisión ignora la cruda realidad de la violencia machista y la especificidad de los crímenes motivados por razones de género. La incorporación del femicidio en 2012 no fue un capricho legislativo, sino una respuesta necesaria ante una problemática social que cobra vidas de mujeres y disidencias de forma desproporcionada.
Con un femicidio reportado cada 24 horas en lo que va de 2025, desmantelar las herramientas legales que reconocen y buscan erradicar esta forma extrema de violencia es un acto de profunda irresponsabilidad. No se trata de valorar una vida más que otra, sino de reconocer las asimetrías de poder y las violencias estructurales que hacen que las mujeres y disidencias sean víctimas particulares de crímenes de odio. Este retroceso no solo invisibiliza la gravedad de la violencia de género, sino que además deja en mayor desprotección a los sectores más vulnerables de la sociedad, profundizando las brechas de desigualdad y comprometiendo el progreso alcanzado en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria.