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Organismos de Derechos Humanos de la provincia celebran la continuidad de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura pero manifiestan preocupación por la elección del procurador de personas privadas de libertad realizada por el Ejecutivo.
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, creada por ley provincial 8.284 como mecanismo local y órgano de aplicación en la provincia del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, es un organismo mixto estatal y sociedad civil, compuesto por el procurador propuesto por el Ejecutivo y un comité integrado por miembros de la sociedad civil propuestos por organismos e instituciones de derechos humanos.
El rol del procurador dura 5 años cuya renovación se define por concurso, donde las y los postulantes deben presentar carpeta de antecedentes, la cual es examinada por un Jurado antes de pasar a instancias de evaluación escrita y oral. Las o los mejores calificados conforman una terna, y es el gobernador quien elige a la persona que ocupará el lugar previa audiencia pública. “En este caso el problema es que el Gobernador ha elegido a la persona que ocupa el tercer lugar y no tiene antecedentes en la defensa de los derechos humanos para un cargo tan importante como la prevención de la tortura”, expresó Fernando Rule en comunicación con El Arranque.
“Esta función que es muy importante porque monitorea las denuncias y sospechas de maltratos en las cárceles, las comisarías, geriátricos, neuropsiquiátricos… En este caso el Ejecutivo ha elegido a Luis Romero que no tiene antecedentes, y que además es funcionario del Ministerio de Seguridad y militante radical… es un antecedente muy fulero porque tiene que controlar a su propia gente a su mismo partido”, valoró Rule y agregó: “Nos llama mucho la atención que este señor haya salido en tercer lugar porque conocemos otros postulantes con más conocimiento y experiencia en el tema… esperamos que se publiquen los datos pero el problema es que el Ejecutivo ya ha enviado el pliego al Senado y no se pueden impugnar los exámenes porque dudamos que se llame a audiencia pública. Este caso es serio y los organismos de derechos humanos estamos muy preocupados”.
