Gracias a las protestas callejeras de lxs trabajadorxs, hoy tenemos un límite de la jornada laboral de 8 hs, aguinaldo, vacaciones, no nos pueden despedir sin justa causa y etcéteras; lamentablemente eso no aplica para tanta gente cuyos patrones no lxs registran. Este gobierno provincial en concordancia con el poder judicial, proponen tratar de criminales a los dirigentes sindicales simplemente por reclamar en las calles, tal como está contemplado en nuestra Constitución.
Nuestro corresponsal estuvo en el Polo Judicial con motivo de llevarse a cabo una audiencia por una causa judicial contra Raquel Blas, donde dialogó con Polo Martinez Agüero: “…hemos venido a apoyar, nos sentimos parte de lo que están sufriendo algunos compañeros, en este caso concreto Raquel Blas, por hechos diferentes que ha habido a lo largo de toda su trayectoria de dirigente sindical en ATE, en la CTA, … y posteriormente en SITEA… hay muchos compañeros que están imputados, y otros procesados, este es un proceso viejo del año 2017…” Había mucha gente en el lugar con el propósito de manifestar su apoyo, sin embargo no se los dejó ingresar a la audiencia que la llaman pública, pero parece no lo es.
La lista de dirigentxs acusadxs es extensa, entre ellos Roberto Macho y Adrián Iranzo, representados por el abogado Sergio Vignau: “…nosotros entendemos que es lisa y llanamente una persecución, es la criminialización de la protesta, es una persecución a dirigentes gremiales, donde no tienen pruebas suficientes del delito que se les indica, un delito tipificado por la dictadura militar… que lo utilizan los gobiernos de turno para perseguir a los dirigentes gremiales…”
También hablamos con Raquel Blas: “…justamente hoy es una postal: hoy a las 10 hs ingresa a la legislatura la adhesión al RIGI, algo que lesiona todos los derechos ambientales y sociales de la provincia de Mendoza, y el mismo día y a la misma hora se lleva a cabo una audiencia donde un juez de “garantías” tiene que decidir si eleva a juicio o no causas que tienen que ver con el derecho a huelga, el derecho a asamblea, el derecho de movilización y el de protesta, queda claro que para avanzar en la quita de derechos hace falta criminalizar la protesta social…” y Alfredo Guevara, su representante legal expresó: “…desde que asumió Cornejo hace ya 9 años, que en Mendoza las garantías democráticas, la Constitución, no rigen, por lo tanto están todas estas limitaciones que tienden a eliminar o restringir todos los derechos que puedan expresar diversos sectores que se oponen a las políticas impulsadas por el gobierno…”
La audiencia se postergó a cuarto intermedio para después del 17 de agosto, ya que están encima las paritarias provinciales. La defensa de Raquel Blas a cargo del Alfredo Guevara pidió la nulidad de la causa por inconstitucional, y fue el único letrado de la defensa que se pudo expresar. La defensa de ATE no se expresa a cargo del letrado Sergio Vignau.