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El miércoles 25 de junio, prestadores y prestadoras de la salud pública de Mendoza autoconvocad@s, junto al Sindicato de Personal Estatal de la Salud (SIPeS), llevaron adelante un paro y concentración en la explanada del Hospital Central desde las 8 de la mañana, en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales dignas y el fin de prácticas de violencia institucional. La medida contó con la adhesión de representantes de hospitales como el Lagomaggiore, Notti, Arturo Illia de La Paz, entre otros.
Durante la manifestación, se desplegó un amplio operativo policial que, según denuncian, tuvo como objetivo ejercer presión sobre l@s manifestantes. Además, se impidió el acceso de la prensa a la protesta por orden directa de la directora del hospital, la odontóloga Mariana Pezzutti.
Entre los reclamos más urgentes se destacan la recomposición salarial —ya que ni el personal de planta ni el contratado supera los $800.000 mensuales—, el pase a planta permanente de quienes fueron contratad@s durante la pandemia, el pago por área crítica y por turnos nocturnos, y que l@s licenciad@s en enfermería sean reconocid@s dentro del régimen 27, de acuerdo a su formación profesional.
Uma Flores, licenciada en salud, explicó que actualmente se obliga a much@s enfermer@s a trabajar jornadas de hasta 16 horas debido a la falta de personal, una situación provocada por la no renovación de cargos tras jubilaciones o fallecimientos, y por los bajos salarios que llevan a renuncias y migraciones al ámbito privado. “La mayoría tiene más de dos trabajos, lo que afecta directamente la calidad de atención a l@s pacientes”, señaló.
Además, Flores denunció violencia laboral ejercida por la jefa del área de enfermería del Hospital Central, Lic. Nancy Nieto, quien exigiría disponibilidad absoluta del personal las 24 horas, amparándose en el DNU 340/2025 que declara al sector como “servicio esencial”. Esta situación incluiría amenazas de sanciones y sumarios a quienes se nieguen a cumplir estas exigencias.
Gabriela Cortez, secretaria gremial de SIPeS, manifestó que el sindicato acompañó la medida tras recibir llamados de personal de salud que no se sienten representad@s por otras organizaciones sindicales. “Los sueldos no alcanzan ni la mitad de la canasta básica familiar. Y la presión laboral está destruyendo al equipo de salud, especialmente en enfermería”, advirtió.
Cortez también denunció que otros gremios los descalifican llamándolos “pseudo sindicalistas”, pero subrayó que SIPeS cuenta con personería gremial nacional (n.º 1677), reconocimiento del Ministerio de Trabajo y está adherido a la CGT. Reforzó que los hospitales Central, Lagomaggiore y el Regional de Malargüe son los más afectados por el acoso laboral hacia quienes se manifiestan.
La situación, aseguran, ha generado una verdadera fuga de profesionales hacia otras provincias y países, provocando un vaciamiento del sistema de salud pública mendocino, que también afecta a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP).
Desde el Hospital Lagomaggiore, Adriana Cunillera, licenciada en enfermería y trabajadora del área de neonatología, explicó que si bien en su sector no se vive una presión constante, cuando falta personal la sobrecarga se hace sentir. Además, denunció el recorte de beneficios como el permiso por examen, entre otros derechos laborales.
“El gobierno debe responder a una pregunta concreta: ¿puede el gobernador Alfredo Cornejo vivir con $700.000? ¿Y el ministro de Salud, Rodolfo Montero?”, cuestionaron desde los micrófonos.
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