Foto: La Mosquitera

RECLAMO CONTRA EL CIERRE DE CURSOS

El gobierno de la provincia de Mendoza ha resuelto cerrar alrededor de 200 divisiones destinadas a la educación para personas jóvenes y adultas. La comunidad educativa afecatada por esta medida se reunió en horas de la mañana en Casa de Gobierno para visibilizar el descontento que no solamente implica la imposibilidad de acceder a la educación sino también la pérdida de fuentes laborales. El reclamo se materializó con la presentación de un documento donde se le solicita al Gobernador dar marcha atrás con la medida.

Laura Tagarelli, profesora de CENS (centros educativos de nivel Secundario) compartió detalles sobre el reclamo que llevan adelante: “La escuela en la que trabajo ha cerrado tres cursos y las condiciones en las que trabajamos son muy adversas, tanto para los profesores como para los alumnos. Los profesores trabajamos en edificios que están sobreexplotados, porque no tenemos edificios propios y trabajamos en edificios que son de primarias o de secundarias que cuando se van dejan los turnos desocupados y ahí entran los CENS o los Cebjas (Centros de Educación Básica para Jóvenes y Adultos)“.

Laura relató que la realidad que atravieza su centro educativo es una realidad que se repite en numerosos casos, en muchos de ellos una misma escuela llega a contener a tres espacios educativos diferentes, dando claro ejemplo de la nula inversión en infraestructura invertida para educación por parte del gobierno de la “austeridad”.

Docentes y comunidad educativa en defensa de la educación para personas jóvenes y adultas. Foto: La Mosquitera

“Los chicos también van en condiciones muy adversas a clases, no solamente por una cuestión salarial que todos estamos padeciendo – nosotros los docentes por ejemplo cobramos muchísimo más abajo de la canasta básica- donde la mayoría de los chicos vienen de trabajos muy precarios y después van a la escuela a estudiar. Entonces se sobreentiende que la situación no es la misma que en los secundarios en relación a la asistencia”, graficó Laura y explicó: “Entonces al existir ese vacío en su presencialidad, los gobiernos utilizan ese argumento para después instaurar el cierre de un curso, dejando a los chicos sin la posibilidad de estudiar, cercenando el derecho a la educación pública y a un montón de docentes desempleados”.

En este sentido, la docente comentó que los cargos titulares pasarían a disponibilidad, la cual puede tener una duración de un año en esa condición sin cobrar el sueldo; mientras que las y los docentes suplentes han perdido su fuente laboral. “A fin de año, en plenas fiestas, sin poder pasarlas con tranquilidad con sus familias, sin poder buscar más horas porque ya no hay llamados y por esta razón también estamos exigiendo que el sindicato se haga presente con la lucha y al menos colabore con las familias monomaternales que han quedado sin un ingreso familiar”, analizó.

Juan Miguel Nuñez, estudiante del Cens que funciona en la Escuela Padre Contreras, aula satelital del B° Santa Ana, expresó con mucha emoción el apoyo que recibe de docentes y compañeros que lo alientan a cumplir con su objetivo de terminar con sus estudios. al igual que su familia que apuesta por la educación pública: “Yo tengo un trabajo de 14 por 14 y por ese régimen de trabajo estoy prácticamente una semana, y trato de adelantar en esa semana todo lo que puedo. Ya estoy en tercer año y me quedan dos materias para terminar…. Yo dejé el secundario por trabajo, y ahora de grande estoy tratando de terminar”.

Al cierre de la jornada de reclamo, las personas presentes entregaron un documento que fue recibido por el Área Jurídica del gobierno provincial, quienes manifestaron que evaluarán la situación y se comprometieron a analizar caso por caso, sin dejar de excusar que debido a la transición de mandatos esta respuesta podría dilatarse.

La comunidad educativa afectada por la decisión del gobierno local de cerrar las aulas destinadas a la educación de personas jóvenes y adultas continúa en pie con su reclamo e insiste con la medida se revierta, para garantizar el acceso a la educación y a la fuente laboral.