La Legislatura de Mendoza se prepara para debatir el próximo martes la reforma al Estatuto del Empleado Público, un proyecto impulsado por el oficialismo que ya cuenta con media sanción en Diputados y que la oposición califica como una “reforma laboral encubierta”.
Un escenario político adverso para la oposición
En el Senado provincial, donde el oficialismo responde al gobernador Alfredo Cornejo, la correlación de fuerzas es clara: 27 senadores apoyan al gobierno y solo 11 representan a la oposición (10 del Partido Justicialista y uno del Partido Verde). Esta diferencia hace prever la aprobación del proyecto, aunque en las últimas semanas se han registrado tensiones internas y postergaciones debido a la resistencia en las calles.
“Hay olor a miedo”, reconocen desde sectores opositores, aludiendo a que no todos los legisladores oficialistas estarían plenamente de acuerdo con los cambios propuestos.
Los puntos más polémicos del proyecto
Entre los aspectos más cuestionados de la reforma, se destacan:
- Nueva figura laboral: quienes ingresen a la administración pública dejarán de ser considerados suplentes y pasarán a la categoría de trabajadores interinos, ocupando puestos de personas que dejaron vacantes por jubilación, renuncia o fallecimiento.
- Antigüedad: al pasar a planta permanente, los años trabajados como interino no se reconocerán, lo que implica comenzar de cero.
- Sistema de evaluaciones: el inmediato superior tendrá la facultad de evaluar de manera constante el desempeño del trabajador, con sanciones que pueden derivar en suspensiones e incluso despidos.
- Indemnizaciones: el proyecto contempla un recorte de hasta 75% en los montos indemnizatorios en caso de despido.
- Limitación del acceso a la justicia: según el nuevo esquema, los empleados no podrían judicializar sanciones menores.
Para los gremios y sectores opositores, estas medidas representan un retroceso en derechos laborales que precariza aún más al empleo público.
Críticas al procedimiento
Otro de los puntos señalados es la falta de consulta a los sindicatos en el proceso de elaboración de la reforma. “Se trata de una ley que data de 1973 y, si bien es antigua, cualquier modificación debería incluir la participación de los trabajadores”, señalan desde la oposición.
Contexto nacional y clima social
El debate se da en un marco de creciente conflictividad social y política, con movilizaciones que en semanas anteriores forzaron la postergación del tratamiento legislativo. Además, dirigentes opositores vinculan la iniciativa local con un clima nacional en el que —según advierten— se han naturalizado discursos oficiales que descalifican a colectivos de trabajadores, mujeres y disidencias.
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