Por Dr. Horacio Baez, ex Defensor Oficial Federal y Camarista Penal- Socio CELS
Hemos advertido en muchas personas de nuestra sociedad, la necesidad de que haya cambios en los poderes judiciales. Tal vez muchas de esas personas que quieren cambios no saben qué es lo que se puede o se debe cambiar, pero piensan que hay cosas que están muy mal. Puede ser porque no se conoce qué es “la justicia” o “el poder judicial”.
Estimo que ese desconocimiento muy justificado ya es un importante motivo para que se produzcan cambios. A todos nos gustaría saber de qué se trata porque es un fenómeno “oscuro” en cuanto solo conocemos algunos de sus resultados. Es estrictamente necesario que conozcamos a uno de los tres poderes del Estado, ni más ni menos, siempre que nuestro objetivo como ciudadanos sea lograr una Democracia cada vez más representativa y participativa.
Si el Judicial es un “Poder” es porque puede hacernos mucho bien o mucho mal, por allí deberíamos empezar para preocuparnos.
Como tengo un juicio más o menos claro de lo que son los poderes judiciales porque he sido parte de ellos, federales y provinciales, como Defensor Oficial o como Juez penal durante 32 años, me atrevo a decir que nos hacen mucho mal y sin embargo no sabemos cómo ni por qué.
Los poderes judiciales son muy diferentes a los otros dos poderes del Estado. En general, tenemos un mayor conocimiento de lo que hacen y cómo lo hacen estos otros poderes, legislativo y ejecutivo, a los que hemos elegido con nuestro voto. No sabemos cómo se llega a ser juez y/o fiscal. No es el pueblo quien los elige. Y a pesar de esto, dicho sea de paso, duran en sus cargos mientras vivan, hasta los setenta y cinco años, salvo que se decida darles nuevos acuerdos del Senado, por lo que podrían seguir en sus cargos durante muchos años más.
Si bien el objetivo constitucional de los poderes judiciales federales y provinciales tiende a la protección de los derechos de les habitantes, tanto derechos personales como sociales, la historia argentina y latinoamericana ha ido conformando una cultura de les miembres de la “magistratura” (jueces y fiscales), que consiste en trabajar a escondidas de la vida cotidiana del pueblo, sin entender ni tomar conciencia de las necesidades de mujeres y hombres, mayorías y minorías, jóvenes y viejes. Les funcionaries judiciales, como producto de esa cultura pretendidamente apolítica, enraizada durante muchos años, prefieren “vivir tranquiles”, lejos del calor popular que les presenta demasiados problemas. La forma de ausentarse de esos problemas populares es ubicarse en un altillo hermético a la vida. De allí los vacíos conceptos por los que se expresan: “El juez habla por sus sentencias”. “La política es ajena a los poderes judiciales”.
Esos hechos han sido convalidados por el paso del tiempo y han logrado un insalvable alejamiento de los poderes judiciales de la vida de las personas.
Al decir que “se habla a través de las sentencias”, queda claro que esos escritos solo están dirigidos a especialistas. Una sentencia, para ser válida, debe estar fundada en la ley y en la Constitución. Si las personas ajenas a esa especialización tuvieran acceso a esos fundamentos a través de un lenguaje sencillo y entendible, comenzaría a conocerse el contenido y los porqués de tales decisiones que tanto influyen en la vida diaria de todes.
Decir que les integrantes de los poderes judiciales no hacen política es la más clara demostración de haber llegado a una plena separación de la realidad social. No es esta la debida “independencia judicial”. Que un juez o un fiscal no hagan política significa que no serían seres humanos sino algo así como unos “homúnculos”, seres extraños, no reconocibles por el resto de les mortales. Cualquier ser humano tiene un sistema de ideas de mayor o menor desarrollo, que consiste en lo que pensamos sobre las relaciones con las demás personas y sobre las relaciones de las autoridades estatales con les habitantes del país. En eso consiste un pensamiento político, que no tiene por qué confundirse con un específico pensamiento político partidario.
Puede que sea importante tener en cuenta algo más sobre la imposibilidad de que un poder estatal esté integrado por personas que no tienen un “ideario político”. Son la Constitución nacional y provincial, las que asignan las “funciones políticas” que tiene cada uno de los poderes del Estado. A los poderes judiciales les atribuye la función esencial de garantizar el cumplimiento de cada uno de los derechos que la propia Constitución consagra: Vida digna, libertad, propiedad. Derecho de reunión, petición o protesta, expresión. Todos ellos son derechos personales o sociales que funcionaries judiciales deben respetar al resolver los casos que se les presentan. Si no proceden de tal manera luego de interpretar esa letra y espíritu constitucional, no cumplen con su primera obligación. Es decir que, si no cumplen con esas funciones políticas, no le estarían dando sentido político y humano a las leyes superiores del Estado.
Como consecuencia de ese incumplimiento constitucional, dejarían la puerta abierta a que tanto los otros dos poderes del Estado, como con mucho mayor gravedad, los poderes económicos y mediáticos más poderosos, controlen y dirijan la vida, los principios, los valores de nuestra Sociedad sin control alguno. De esta manera, esos poderes autónomos y antidemocráticos, manejan las instituciones de la Democracia. En realidad, lo que practican es una antipolítica que no busca el bienestar general. Son esos poderes a los que no les interesa Afianzar la Justicia ni promover el Bienestar General. La Justicia social no existe como objetivo, solo les interesan sus negocios patrimoniales.
La reforma Judicial que el gobierno nacional propondrá al Congreso Nacional está en marcha, aunque esta palabra no sea la más adecuada. Tal vez haya que hablar de la reforma judicial que el gobierno intentará llevar adelante. Veamos lo que está sucediendo y observaremos muestras de la nombrada oscuridad y oposición a todo cambio político democrático.
El poder ejecutivo nacional ha designado a diez personas destacadas en distintas materias que hacen al funcionamiento de los poderes judiciales. Esas personas, de diversa extracción jurídica y política, entre elles la Abogada propuesta por el gobierno de Cambiemos como Procuradora general ante el poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires (es decir una persona de confianza para ese gobierno neoliberal), se encargarán de debatir y sacar conclusiones en 90 días sobre las posibles reformas al actual funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura, del juicio por jurados que prevé la Constitución Nacional y la puesta en vigencia del proceso penal acusatorio.
Mientras esto ocurre, el Ejecutivo ha mandado al Congreso nacional un proyecto de ley que propone el nombramiento de jueces y fiscales y la reunión de algunos tribunales nacionales y federales de diversa aunque compatible materia. La idea que se propone el gobierno con esas medidas es lograr una mayor, mejor y más rápida respuesta judicial, en particular penal. Un juicio penal que dura más de tres años en resolverse le hace mucho daño a la vida de las personas. Al mismo tiempo que se pretende con esas medias diluir el poder de decisión de los jueces y juezas federales de Comodoro Py, que concentran la resolución de todas las causas que involucran presunta corrupción económica por parte de funcionaries federales.
Esas medidas formales, aunque no implican conducir a jueces y fiscales hacia alguna decisión, lo que vulneraría su independencia, son atacadas por el macrismo-radicalismo con el argumento de que se quiere lograr la impunidad de les funcionaries nacionales del gobierno de Cristina que fueron imputades y encarcelades por hechos presuntamente delictivos, entre elles la misma Cristina e hijes, aunque después de todos estos años no se logró acreditar debidamente ninguno de esos hechos.
Esa reacción de la actual oposición neoliberal, alegando que se quiere lograr la impunidad, no tiene en cuenta que se ha proyectado que ninguna de las causas aludidas tenga algún cambio de juez, jueza o fiscal interviniente. Es decir que no hay ningún fundamento para acreditar ese propósito de impunidad. Recordemos que durante el gobierno de Cambiemos, se desplazó mediante juicio político o traslado de sus puestos, a los jueces y juezas que no estaban bajo las órdenes de aquel poder ejecutivo y que debían juzgar a las personas que ese gobierno antipopular quería perseguir y condenar.
Pero no solo se han producido esas acusaciones infundadas, sino que les jueces de la Cámara nacional criminal y correccional han respondido al proyecto de ley de algunas reformas, con declaraciones de presunta inconstitucionalidad, aún antes de que haya ley. Con estas declaraciones de los jerarcas judiciales se ha puesto en marcha decididamente una acción a todas luces antidemocrática al tratar de impedir que el poder legislativo cumpla con su función, que es la discusión y en su caso la sanción de las leyes.