La disolución de Vialidad Nacional, dispuesta por el decreto 461/2025 del actual gobierno, pone en jaque una institución con 93 años de historia y deja en incertidumbre a más de 5.200 trabajadorxs en todo el país, 250 de ellos en Mendoza.
Gonzalo Jara, ingeniero de la regional mendocina, advierte que esta decisión compromete directamente la transitabilidad de las rutas nacionales que conectan la provincia con el resto del país y con Chile.
En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo firmó un convenio con la Nación para continuar algunas obras viales con fondos originalmente destinados a Portezuelo del Viento. Sin embargo, lo que se plantea son intervenciones mínimas, de carácter paliativo, que no contemplan las necesidades estructurales de rutas clave como la 7 o la 40. “Es un parche que hipoteca el futuro: por 30 años no se podrán hacer mejoras sustanciales en la capacidad de las rutas”, denunció Jara.
La falta de inversión no solo deteriora la infraestructura, también multiplica los costos sociales y económicos: accidentes fatales, pérdidas de carga para transportistas y encarecimiento del mantenimiento futuro. Según estudios oficiales, el costo de la siniestralidad vial en rutas nacionales superó los 7 mil millones de dólares entre 2021 y 2023.
Mientras tanto, Mendoza deberá hacerse cargo de tramos como la 143, la 144 y parte de la 40, sin los recursos necesarios para garantizar un mantenimiento adecuado. “Los usuarios tienen derecho a rutas seguras y en condiciones óptimas, pero con un financiamiento que llega incompleto, eso es imposible”, advirtió el trabajador.
Frente a este escenario, los trabajadores del organismo subrayan la dimensión humana detrás de Vialidad Nacional: “Nuestra tarea siempre fue unir pueblos. Hemos dejado familias y tiempo de vida en cada obra. No somos un número, somos quienes garantizamos que las rutas estén abiertas incluso bajo la nieve”
La amenaza de cierre de Vialidad Nacional no solo afecta a lxs trabajadorxs, sino al conjunto de la sociedad. La conectividad, la seguridad vial y el derecho a un transporte digno y seguro forman parte de la soberanía y el bienestar colectivo que hoy se ven puestos en riesgo.
Los trabajadores de la repartición 4to DISTRITO, se suman a la lucha de todos los miércoles en la Plaza San Martín para acompañar la lucha de Jubilados, Colectivo de discapacidad y para visibilizar la problemática situación ante la sociedad.
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