Por Eugenio Paris
Miembro del Comité Provincial contra la tortura
La sociedad mendocina, no es ni conservadora ni reaccionaria. Sí estamos en medio de un proceso de formación de un estado autoritario, que a diferencia de lo que ocurre en la nación, se consolidó en las últimas elecciones. Creemos que fue pacientemente construido por el radicalismo, más precisamente por un hábil dirigente, que desde sus inicios en la juventud radical fue ocupando espacios…como intendente de Godoy Cruz, ministro de seguridad, coautor de la alianza para que Cobos fuera vicepresidente, gobernador; lugar desde el cual logró la suma del poder público.
Hay momentos políticos en que consigna y sentimiento popular se conjugan, se unen y se producen las movilizaciones, que irrumpen, estallan y trasforman parte de la realidad.
El movimiento de derechos humanos, con su consigna de Memoria, Verdad y Justicia, es uno de ellos, y más reciente la lucha por la defensa y vigencia de la ley 7722 es otro.
Los cuatro años de macrismo a nivel nacional y de cornejismo en Mendoza, significaron no sólo retrocesos en lo económico – social (¿se sabe con exactitud cuál es la deuda provincial, no solo con entes nacionales, sino con acreedores externos?) sino también un aumento desmedido del punitivismo social, razias y detenciones de jóvenes solo por portación de rostro en barrios carenciados, uso indiscriminado de la prisión preventiva, más cárceles y a su vez más llenas (ostentamos el triste privilegio de tener el mayor grado de prisionización de Argentina, igual que el de Brasil), ataques a organizaciones sociales como la Tupac Amaru, con encarcelamiento de sus participantes y destrucción de su obra. Fue muy triste ver el deterioro de las casas casi terminadas y no entregadas por el “capricho” del gobierno, atacando la solidaridad en favor de la meritocracia.
Podemos seguir con la violencia institucional desplegada en ataques y encarcelamientos a vendedores ambulantes, a trabajadores informales, a prostitutas, muertes violentas como los casos Carrasco, Willy Gil, Tania, Leo…y tantos otros pibes asesinados por la policía, a quienes luego les dictan falta de mérito o condenas irrisorias; multas a dirigentes sindicales u organizaciones sociales por el solo hecho de movilizarse, etc. Todo gracias a un código contravencional que podría ser declarado inconstitucional.
Es importante señalar el papel jugado por los medios concentrados de comunicación que no sólo (des) informan de una manera tendenciosa, sino que contribuyen a la formación de un sentido común contrario al sentir democrático y participativo que debe animar a todo sujeto social.
Como decíamos, en los últimos cuatro años, además de esa enorme deuda que condiciona la política pública (hoy notoria tanto en los bajos salarios de los empleados públicos, como también en la precariedad del sistema sanitario en medio de la pandemia), Cornejo nombró a dos miembros de la Suprema Corte mendocina : Valerio, confeso homofóbico, que en un confuso episodio dejó un juicio a medio terminar (caso Carrasco ) con raros certificados médicos y Garay amigo íntimo de la juventud radical; nombró también: al Procurador General; Contador General, Asesor de Gobierno; Presidente del Tribunal de Cuentas; Defensora General; al encargado de la Oficina de Ética Pública y como la frutilla del postre mandó un proyecto de ley de modificación de la ley 8284, dicho proyecto firmado también por el exministro de Seguridad Venier.
Reafirmamos que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos humanos.
Reafirmando además que ningún gobernador desde 1983 en adelante se paró frente a la tropa policial expresando “aquí no se tortura más”, discurso que seguramente contribuiría a la seguridad pública, hacemos un poco de historia.
Nuestro país ya en el año 1983 por la ley 23338, aprobó la Convección contra la Tortura, desarrollada y propuesta por Naciones Unidas.
En 2004 se sanciona la ley 25932 de aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles Inhumanas o degradantes.
En 2013 se sanciona la ley 26827 creando el sistema nacional de prevención de la Tortura y otros tratos o Penas.
Aquí en nuestra provincia en el año 2011 se sanciona la ley 8284, que crea la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura; se crea como organismo descentralizado, independiente autónomo y autárquico y que será el encargado de aplicación del protocolo facultativo (ley 25932) en nuestra provincia.
Como bien destaca la organización Xumek, dicha ley surge como respuesta a la amplia repercusión que tuvieron las torturas infligidas por seis penitenciarios en el penal de San Felipe. Torturas que se filmaron y fueron denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los penitenciarios fueron condenados a diez años de prisión. Así la puesta en funcionamiento de la Comisión fue parte del acuerdo de solución amistosa firmado y que por decreto ratifica el gobernador Cobos.
Antes de su reciente modificación, realizada por la actual gestión durante el mes de Agosto, era una muy buena ley. Sintéticamente la comisión está o estaba compuesta por dos partes. Por un lado, el Procurador de Personas Privadas de Libertad y por otro el Comité de Prevención.
El Procurador era elegido por concurso público, Concurso Público, donde se tomaba un examen realizado por las cátedras de Derechos Humanos de las universidades de derecho; luego de entre los tres primeros puntajes el gobernador elegía uno que luego era ratificado por el senado. Y por un comité, integrado por representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos que elegían los mismos. Sin ser un concurso, había publicación en medios públicos, para que cada organización pudiera participar, eligiendo representantes en forma democrática. Dicho comité estaba compuesto por un mínimo de cuatro a un máximo de doce miembros. Estos cargos fueron hasta ahora ad-honoren.
El primer procurador fue el abogado Fabricio Imparado; es importante subrayar que por haber transitado con él los cinco años su mandato, consideramos destacable su función, por los conocimientos y formación teórica permanente y por la sensibilidad, empatía y dedicación hacia las personas privadas de libertad, condición indispensable ya que es muy difícil transitar las cárceles, no solo por las condiciones edilicias (a pesar de ser nuevas) sino por los regímenes que se imponen desde las direcciones penales, que transforman derechos en “ beneficios“.
Las modificaciones que se hicieron hace pocas semanas, a pesar de notas en contra del Comité Nacional, del subcomité de prevención de la Tortura; de la Secretaria de D.H de Nación; del mismo comité provincial y de todos los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales provinciales, que reiteramos, ni siquiera fueron tenidas en cuenta, son:
Eliminación del concurso público para la elección del Procurador, se elige ahora a dedo. O sea, el controlado elegirá al controlador. Habrá dependencia política, dejando de lado no solo la idoneidad para el cargo sino también la capacitación.
Eliminación de cargos en el comité. De los doce anteriores de la sociedad civil, pasan a solo dos y los otros dos, uno de la defensoría pública (desde el estado) y otro del colegio de abogados, con una tradición no muy proclive a la defensa de los derechos humanos.
Cuando el proyecto de modificación pasó por las comisiones de la Cámara de Senadores, no se convocó a las Organizaciones de D.H para que opinaran al respecto y se pudieran discutir los cambios, en la votación no hubo ni un solo senador radical que estuviera en contra.
En diputados el trámite fue más exprés todavía, la miembro informante del oficialismo con una muy pobre argumentación defendió los cambios propuestos. Llegó a decir que era una buena ley, que se tomó de ejemplo para otras provincias… ¡si es buena porque se cambia entonces ¡?, que ahora tendrá mayor incidencia en la provincia, ignorando que desde los inicios del comité hay dos excelentes abogados que se desempeñan en el sur. Al momento de la votación tampoco hubo disidencias radicales. ¿Sera siempre así? ¿No hay disidencias? Es más fuerte la disciplina partidaria que las argumentaciones y la discusión democrática.
Sintetizando: desarmaron la Comisión de Prevención de la Tortura
Como decimos más arriba, es la suma del poder público, no habrá controles por miembros u organismos independientes, no lo quieren en ningún ámbito.
Los organismos de derechos humanos seguiremos por Memoria, Verdad y Justicia. Por más igualdad y más democracia. Volveremos a tener una comisión que respete y valore los derechos de los privados de libertad. Volveremos a hacer respetar el artículo 14 de nuestra constitución. No importa que nos provoquen diciendo que somos saca presos. Los derechos se consiguen y respetan.