LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUESTRA PROVINCIA
Por Alejandra Berlanga
La nota que sigue sintetiza la delicada situación que atraviesan las personas con discapacidad en la actualidad en nuestra provincia. Repasa además el autoritarismo y la discrecionalidad de este gobierno a la hora de tener que respetar las decisiones democráticas.
Formo parte de una organización de padres y madres de hijxs con discapacidad hace unos 14 años. Semanas atrás acompañamos a una familia cuyo hijo con discapacidad presenta una problemática que requiere el uso de servicios de salud en forma frecuente. La familia se encuentra afiliada a OSEP (obra social de empleados públicos de la provincia). La misma le exigía a este joven la renuncia a su Pensión no Contributiva como condición para continuar con las prestaciones de OSEP. La Pensión no Contributiva le otorga al beneficiario un servicio de salud llamado Incluir Salud que se presta en las entidades oficiales como centros de salud y hospitales. El planteo de OSEP es que una persona no puede tener dos obras sociales y debe optar por una.
Incluir Salud no es una obra social, es un programa federal de salud. Asimismo tenemos que agregar que presta servicios muy deficientes, ya denunciados públicamente.
Poner en vilo a una persona con discapacidad que precisa de servicios de salud adecuados en tiempo y forma y su pensión no contributiva, es una situación de extorsión. Ante esa circunstancia, sin duda el camino era denunciar la situación ante la Defensoría de las Personas con Discapacidad. La respuesta de este organismo fue no tomarnos la denuncia e indicar que no había vulneración de derechos.
La indignación, el enojo, el desamparo es la circunstancia en la que quedan las personas con discapacidad y las familias que sostienen y acompañan cuando suceden estos hechos.
Cuyo es una de las regiones de nuestro país con mayor presencia de personas con discapacidad y en Mendoza más de la mitad de las personas con esta condición no poseen el CUD (Certificado Único de Discapacidad) que es la llave de acceso a los derechos. Las estadísticas nos dicen que el 90% de aquellxs en condiciones de trabajar con discapacidad, no acceden al empleo. Se incumplen las leyes de cupo laboral en el estado.
Una de las peores políticas sociales del gobierno nacional incluyó la quita de pensiones no contributivas, bajo el argumento de “sanear” el sistema. Luego de esta medida debieron restituir pensiones por indicación judicial. Pero la problemática con este tema no termina aquí, porque aún sigue en vigencia el decreto 432/97 que exige condiciones de indigencia para el otorgamiento de tales pensiones y porque en la práctica no se otorgan nuevas pensiones, a pesar de los cual los trámites administrativos no se detienen porque las necesidades son cada vez más acuciantes.
La educación es otra deuda pendiente. Como ejemplo tomemos el cierre del turno vespertino de una escuela de formación laboral para jóvenes y adultos con discapacidad.
En un marco de crisis económica, las personas con discapacidad son altamente vulneradas en sus derechos.
En este contexto, en marzo de este año se realizó la Asamblea Legislativa de senadores y diputados cuyo propósito era nombrar al nuevo/a defensor/a y codefensor/a. Los titulares de algunos medios registraron el momento como un escándalo. Desde nuestra perspectiva ocurrieron otros hechos mucho más graves que el aumento del tono de voz o las intervenciones de quienes estábamos en el recinto donde no podemos tener voz ni voto, pero sí sostenemos con nuestros aportes los no magros sueldos de nuestros legisladores.
La ley 8345 que creó la Defensoría, surgió en el año 2011 y fue justamente por las acciones de las organizaciones sociales como la nuestra, que este organismo comenzó su funcionamiento. Es un organismo autónomo que funciona en la órbita de la Legislatura y cuya misión central es la defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad
En la primera elección se presentaron más de 140 postulantes y una comisión de la legislatura de ambas cámaras evaluó a los candidatos y propuso un listado de los 5 con más altos puntajes obtenidos en una evaluación. Tuvimos que esperar casi 2 años desde la sanción de la ley para que la Asamblea Legislativa aprobara por unanimidad a defensor y codefensora. Juan Carlos González asumió el cargo en el año 2013 por un lapso de 5 años.
Por ser pionera en esta experiencia, la Defensoría tuvo que generar modos administrativos, protocolos y aprender sobre la marcha enfrentando diversidad de problemáticas, que son indicador de la situación de desprotección de las personas con discapacidad en la provincia. Desde su surgimiento hemos acompañado como organización en innumerables acciones a la Defensoría, pero lo cierto es que estos últimos años hemos observado con preocupación cómo este organismo ha ido perdiendo identidad, hasta ser, como consideramos en la actualidad, un lugar de dilación de los problemas que aquejan a muchas personas con discapacidad sin llegar a ninguna resolución.
La renovación de las autoridades de la Defensoría se debería haber realizado hace un año. Esta vez los postulantes fueron 11 y de la evaluación realizada, la comisión legislativa propuso 5 candidatos. Quien quedó en primer término fue Germán Ejarque, en segundo lugar Andrea Mohammad (actual codefensora) y Juan Carlos González en el tercer puesto. Para aprobar al nuevo defensor/a se necesitan 2 /3 de los votos de los legisladores. Muchas organizaciones y personas con discapacidad asistimos a la legislatura para participar de un tema que sin duda nos pertenece. Fueron lamentables las acciones que realizaron intentando dejar afuera, literalmente, de la Casa de las Leyes a quienes más nos interesa la elección de las autoridades de la Defensoría. Algunxs logramos ingresar al recinto. Allí las organizaciones nos hicimos oír y manifestamos que se debía respetar el orden de méritos, como se respetó en la primera elección. El radicalismo hizo caso omiso a nuestros reclamos y votaron en bloque a González cuyo mandato está vencido hace un año. Las declaraciones posteriores de los legisladores oficialistas desnudaron claramente los intereses partidarios de la continuidad de González, cuya militancia en el radicalismo ha reconocido. Y el problema no es la militancia de origen de cada uno de los postulantes. El problema es que la Defensoría debe ser un organismo autónomo que se atreva con el poder político de turno y realice acciones contundentes en defensa de los derechos en salud, educación, trabajo, albergue, transporte, accesibilidad, entre tantísimos temas que son tarea pendiente.
Es fundamental que la nueva conducción de la Defensoría genere maneras de contacto en todo el territorio, con delegaciones en los departamentos más alejados, que amplíe sus horarios de atención y que capacite a su personal asegurando accesibilidad.
Como Padres Autoconvocadxs exigimos el pronto llamado a una nueva Asamblea Legislativa y que se garantice en la elección el respeto al orden de méritos de los candidatos.
Nuestra premura antes y ahora tiene que ver con la necesidad de un espacio de defensa de las personas con discapacidad en altísima situación de vulneración de derechos que quedan a la deriva. Finalmente recae en las organizaciones sociales la visibilización y la lucha por la restitución de esos derechos.
Padres Autoconcocadxs de Niñxs,
Jóvenes y Adultxs con Discapacidad