Durante últimos días la educación recibió una nueva embestida del gobierno provincial. Esta vez los cañones apuntan sobre la modalidad de educación en contexto de encierro. Una nueva media que estigmatiza el trabajo docente con mecanismos ilegales y el fogoneo cómplice de la hegemonía mediática provincial.
El gobierno descargó una ofensiva contra la educación en contexto de encierro de Mendoza, fue a raíz de una medida del ministerio de seguridad del pasado martes 8 de agosto en el complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer, donde se dio la orden de modificar el acceso habitual de los docentes hacia los distintos módulos escolares. Y en su lugar se dispuso que los trabajadores y trabajadoras ingresen por un nuevo espacio donde se incrementaba el riesgo de inseguridad.
Esta medida fue conjuntamente rechazada por todo el personal docente del complejo penitenciario, quienes mostraron gran preocupación e indignación ante una orden que pone en riesgo su integridad física. Además rechazaron la propuesta del gobierno de que un penitenciario acompañe el ingreso y egreso de los docentes a los distintos módulos. Argumentaron que es muy complicado debido a la permanente circulación de personal que entra y sale a otras escuelas. Actualmente hay 83 trabajadores de la educación del CEBJA Nº 3-122 “Algarrobo Telteca” (creada en 1997) y del CENS Nº 3-503 (en 2010), divididos en cuatro turnos y para atender a 300 estudiantes entre las 8.30 hasta las 21.
El conflicto fue en aumento a partir de la organización en asambleas de los docentes y el acompañamiento del SUTE que genero el rechazo inmediato del servicio penitenciario prohibiendo su ingreso. Un media que atenta contra distintos derechos constitucionales al prohibir la representación sindical y la organización de las y los trabajadores.
Desde el Sute Roberto Garcés manifestaba el origen del conflicto y las acciones llevadas a cabo por los docentes y el sindicado: “Se está privando de la asistencia legal y gremial a los trabajadores que ejercen su trabajo en contextos de encierro”.
Rápidamente nuevas “noticias” empezaron a circular por los medios hegemónicos de la provincia, anunciando el desplazamiento de docentes motivados por requisas del servicio penitenciarios en donde se habría encontrado psicofármacos, teléfonos, y hasta se habría incitado a un motín. Medida que no garantizó el derecho de defensa de los acusados y que fuera además argumentada desde el sindicato como “ilegal” ya que la medida fuera aplicada por el servicio penitenciario, y correspondería a la Dirección General de Escuelas intervenir en el asunto.
Por su parte en el programa Sala de Maestros que se emite por La Mosquitera Roberto Garcés y Ricardo Martínez quien se desempeña como docente en contexto de encierro se refirieron a las distintas acusaciones que se lanzaron sobre los docentes desplazados.
“Dolores Vázquez nos decía en una de las primeras reuniones que tuvimos, en una de las primeras en las que yo entraba, nos dijo bueno si no les gusta este trabajo ya saben que se tiene que buscar otro, ustedes saben a qué se atienen”
Bien es sabido que el derecho a la educación es constantemente puesto en jaque con medidas que encuentran su blanco preferencial en el trabajo docente, ninguneándolo, estigmatizándolo, y en este caso obligarlo a transitar por una innecesaria inseguridad, como es el caso de los docentes en contextos de encierro que se negaron a dicha orden.
Será que el trasfondo sea que el derecho al trabajo y a la educación, ni afuera ni adentro importe, que lo importante sea disciplinar o como decía algún filosofo por allí VIGILAR Y CASTIGAR.
En relación a este punto Florencia docente en contexto de encierro aportaba su mirada sobre el avance que tiene el servicio penitenciario sobre la educación en contexto de encierro
“Jaime Correa dijo en los medios de comunicación que las escuelas dependientes de la DGE somos invitadas dentro del penal y que por eso tenemos que ser respetuosos de esas disposiciones de los anfitriones”