Ante el violento desalojo de ayer 8 de agosto, a 50 familias de la triple frontera entre Godoy Cruz, Luján y Maipú, desde La Mosquitera te compartimos una cobertura completa.
El desalojo lo llevaron a cabo la fuerza policial y de infantería a partir de las 8 am y se llevaron detenidos a 10 personas: Alejandro Paredes, Leonardo Emanuel Escalante, Maximiliano Miño, Cristián Arévalo y otros. Correpi, FIT Unidad y el PTS, se manifestaron en un informe solicitando su liberación.
Con nuestro móvil de La Mosquitera conversamos con
Leandro Becerra, integrante de RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana), quienes velan para que se cumpla la Ley de integración urbana. RENABAP ha realizado el relevamiento de 247 barrios populares en Mendoza, otorgando un certificado de Vivienda Familiar para acceder y solicitar servicios y acreditar su domicilio. Sin embargo, Leandro comenta que la ley no ha permitido actualizar los datos desde el año pasado y es por eso que no han podido agregar a éste barrio queh¿ ha sido fuertemente violentado.
Al respecto Leandro comenta que “se trata de un desalojo forzoso que no es un caso aislado sino una constante en el país. El barrio en cuestión se conformó relativamente hace un año, y no notificaron a l@s vecin@s”.
Asimismo conversamos con Alejandro Verón, Subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza, quién además de indicar las competencias de su organismo en lo que respecta a la trata de personas, para quien la mayor cantidad de casos en Mendoza corresponden a la trata laboral; respecto al asentamiento de Maipú que fue dasalojado, indica que la medida judicial lleva más de un año, en función de una denuncia que presentó el Municipio de Maipú dado que el terreno tiene un propietario privado y otra parte es del Estado provincial.
Para Verón, no son 50 familias sino 30 las desalojadas, de las cuales “se está coordinando con el municipio y se está asistiendo a 10 familias para su reubicación. Cada situación es particular, hay quienes tienen redes familiares de contención y se pretende que estas personas se inscriban en el IPV. Los albergues son para quienes lo soliciten, hay subvenciones y están a disposición si las familias aceptan”. El Subsecretario de Desarrollo Social desconoce que ya hay 15 familias que han regresado al asentamiento por falta de contención por parte de la provincia y el municipio.
Respecto a la ley de reorganización territorial, Alejandro asevera que no está reglamentada.