Eduardo Femenía es Delegado de Consumidores Libres de Mendoza, desde 1996. Nos dio su mirada respecto de la situación de aumentos injustificados que está sufriendo la población.
“Hay una serie de normas constitucionales, empezando por el Art. 42 de la Constitución, que es muy importante, donde se establece una protección a los usuarios y consumidores, a la que está obligado el gobierno, no es optativa es obligación del gobierno proteger la economía de la gente, sin embargo dista muchísimo de hacerlo. Si no se entendiese ese Art. 42… hay otras normas como el Código Civil de la Nación que establece una serie de artículos de carácter protectivo hacia los consumidores analizando lo que es el contrato de consumo, exigiendo el trato equitativo y digno, exigiendo la eliminación de todas las cláusulas abusivas”.
“Después está la Ley 24240… que regula todo lo que hace a los usuarios y consumidores; tenemos la ley de abastecimiento, tenemos la ley de la competencia, hay un espacio normativo totalmente amplio, encadenado, coherente, aplicable y sin embargo los gobiernos no los aplican. Hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, son delitos penales, tanto del presidente de la nación como del gobernador de la provincia“, explicó Femenía.
Como dato no menor respecto de los aumentos de precios, Eduardo resaltó que con cada aumento de precios el Estado percibe también parte de ese aumento a través del IVA que cobran, de modo que los que tienen que aplicar las normas de alguna manera se benefician por no hacerlo.
Según el texto de La ley de abastecimiento: “… va a aplicar sanciones a aquellos que elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de costos u obtuvieren ganancias abusivas.” La misma norma prevé que el mismo gobierno nacional o provincial debe estudiar la formación de los precios… “
“Hay que analizar los distintos segmentos donde se van produciendo los aumentos de precios, esto es lo que el gobierno no está haciendo y este es el delito que están cometiendo tanto el presidente de la nación como el gobernador de la provincia… pero cuando hay 2 ó 3 empresas que manejan el precio de determinado producto alimenticio, lo más probable es que se pongan de acuerdo, formen un precio y ese precio no se baja, no se toca porque tampoco se investiga…”, expresó el delegado.