Brenda Junín, Presidenta de la Fundación Pedemonte, estuvo en comunicación telefónica con El Arranque. Hace unos días el Gobernador firmó el Decreto 219/19. Junín como primer parecer considera que “la noticia la tomamos como una buena medida, hay que ver qué sucede en este año, cómo se aprovecha el tiempo, y qué tipo de saberes se van a utilizar para realizar acciones que no sólo pasen el agua, por los cauces aluvionales. Porque el decreto parece que todo pasa por una decisión del INA (Instituto Nacional de Aguas)”.
Frente a la expansión inmobiliaria, la entrevistada explica que se debería haber hecho hace muchos años la revisión de medidas para el avance de estos proyectos en la zona del pedemonte: “No había que esperar estudios para tomar esa decisión, el Gobierno aparentemente se ha basado en estudios que aún no se han finalizado. Si esta decisión se hubiera tomado hace quince o veinte años atrás, todo sería mucho más seguro”.
Junín pone de manifiesto que es muy complejo el tema: de múltiples amenazas, ya que no sólo es por los riesgos aluvionales, sino también por el tema sísmico, porque en esa zona hay varias fallas tectónicas, y plegamientos nuevos neotectónicos, con potencialidad. Además está el factor de la presión inmobiliaria que hace que se construya sin control ni información a quienes acceden a terrenos. Otro riesgo es el peligro de incendios, por la típica masa vegetal que fija el suelo, y que se debe proteger. La pavimentación del suelo pone en riesgo la capacidad del mismo para absorver las lluvias.
No todos los casos son iguales… construcciones pequeñas, de vivienda, en respeto con el entorno; otros, con emprendimientos mosntruosos, aislados, cerrados, que no tienen una mirada integral de la zona.
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(Foto de MendoVoz)