María José Albino, docente de nivel primario en el departamento de San Martín, fue cesada de su cargo en menos de 72 horas tras advertir la presencia de un sujeto ajeno en su institución durante el horario escolar. La docente denuncia que su apartamiento se produjo sin sumario administrativo, sin audiencia y sin posibilidad de defensa, en abierta violación al debido proceso.
Su caso revela una práctica sistemática de hostigamiento institucional: filtración de comunicaciones internas, represalias encubiertas, microviolencias cotidianas (como la negación de elementos básicos de trabajo) y un uso discrecional del poder jerárquico en el sistema educativo. Según testimonios y documentación, la denuncia elevada por Albino fue tergiversada y devuelta como una acusación contra ella misma, generando un clima laboral hostil que culminó en su cesantía.
Este tipo de prácticas, lejos de ser hechos aislados, responden a una lógica estructural de disciplinamiento sobre quienes intentan ejercer derechos en ámbitos públicos. Albino invoca su deber de cuidado hacia las infancias como fundamento ético y legal de su accionar: “Trabajamos con menores. Es nuestra obligación advertir cualquier situación que represente un peligro potencial”.
La denuncia, que hoy se encuentra en la órbita de la fiscalía, expone la necesidad urgente de revisar los mecanismos de poder y control en el sistema educativo, que en vez de proteger a quienes defienden derechos, tienden a silenciarlos. El caso también evidencia una peligrosa impunidad con la que operan ciertos sectores jerárquicos, sostenidos por redes de amiguismo, omisión institucional y precarización laboral, en especial hacia docentes suplentes.
