Gustavo Vitale, delegado de ATE de la Secretaría de Agricultura familiar, nos cuenta de la situación no sólo de este Organismo, sino de las miles de familias destinatarias de una política de apoyo y contención, otrora creciente, hoy desmantelada.
Frente al vaciamiento de la Secretaría de Agricultura familiar, Vitale explica que “Hoy estamos realizando un paro nacional, porque en abril de 2016 fueron los primeros despidos, y luego en agosto de 2018, 380 trabajadores éramos 1300 en todo el país. Provincias en que la Secretaría tenía una fuerte impacto”.
En Mendoza son 20 mil familias destinatarias de programas para el fortalecimiento de sus labores, para el mejoramiento de sus producciones. “Éramos 53 técnicos y quedamos 23 nada más. Las familias se están yendo del campo. Con eso elaborábamos proyectos de capacitaciones, agregado de valor, ahora sólo hacemos acompañamiento técnico. Somos la mitad de los técnicos para estas más de veinte mil familias. Ahora no tenemos presupuesto propio, ni financiamiento”, amplía Vitale.
“Nuestra lucha es por la reincorporación de las y los despedidos. Se han formado durante muchos años, además de los saberes técnicos, han desarrollado una formación profesional, desde lo cultural y lo identitario, lo regional… se han dejado de lado los sectores más vulnerables de la ruralidad. Otra política contra este sector es que desapareció el monotributo social agropecuario… porque era costo cero para que el sector pueda estar formalizado. Entonces muchos se quedaron sin monotributo o peor aún han acumulado una deuda por una decisión arbitraria del Estado”.
Se ha luchado en movilizaciones, pero también con negociaciones desde ATE. Frente a ésto Vitale dice que “no hay respuestas, lo patean para más adelante… la única respuesta es que no se ha reincorporado ninguna persona del sector. Sin embargo, cada funcionario ha sido sostenido en su cargo, lo cual demuestra que es a lo que venían; es toda una demostración de fuerza política”.
Una lectura clara permite advertir que los organismos que han sido desarticulados y desfinanciados, son parte de la política pública de este Gobierno y está dirigido al abandono del campesino. Porque son estas familias las que ocupan territorios que están en disputa, que tensan los intereses del campo concentrado en mano de grupos de poder. Los organismos que sostenían a la agricultura familiar, a los pequeños productores, las economías regionales… el INTA al servicio del agronegocio, el achicamiento cuando no el cierre de los IPAF, el desfinanciamiento de Prohuerta, lo que pasa en la Secretaría de Agricultura Familiar, los cambios impuestos en el RENATEA, etc. “Así la política pública es para el campo concentrado del agronegocio y para las y los pequeños productores, indígenas, de la agricultura familiar… el abandono”.
(Foto gentileza de Giramundo TV Comunitaria)