El reciente anuncio del gobierno nacional sobre el cierre de 60 sucursales del Banco Nación destapó una serie de contradicciones y alarmas que exceden la simple reestructuración de una entidad financiera.
Lejos de tratarse de una decisión técnica, se evidencia como parte de una estrategia más amplia de vaciamiento de lo público, orientada a allanar el camino hacia la privatización y poner los intereses del capital financiero por encima de las necesidades del pueblo.
Sergio Giménez, ex secretario general de La Bancaria en Mendoza, expuso con claridad los signos de esta maniobra política: “El comunicado que anunciaba el cierre ya hacía referencia a un plan de gestión que desde enero contemplaba esa reducción.
Las sucursales ya fueron cerradas, pero ahora se sobreactúa el anuncio. ¿Para quién es este mensaje?”. Las respuestas apuntan al mercado y al Fondo Monetario Internacional, destinatarios privilegiados de este gesto de eficiencia neoliberal que solo genera incertidumbre entre trabajadores y comunidades.
Este cierre afecta de forma directa a zonas donde el Banco Nación es la única entidad financiera presente. El ajuste se vuelve doble: hacia adentro, con el riesgo de pérdida de puestos de trabajo y deterioro del servicio, y hacia afuera, abandonando regiones y economías que no interesan al sistema financiero privado. En palabras de Giménez, “el banco sostiene operaciones donde no está la banca privada, cumple una función social que ahora se pone en riesgo”.
Pero no es sólo el cierre lo que preocupa. El anuncio también adelantó la intención de transformar al Banco Nación en una Sociedad Anónima, paso previo a su privatización. Todo esto mientras el mismo comunicado resalta que el banco es sólido, solvente y líder en activos, depósitos y préstamos.
La contradicción es evidente: ¿por qué vender algo que funciona? La respuesta es simple: porque representa una joya estratégica que cotiza, según estimaciones, en 30 mil millones de dólares. Un botín codiciado por quienes ven en el Estado un negocio, no una herramienta para garantizar derechos.
Giménez recordó también el rol histórico del movimiento obrero organizado en la defensa de lo público: desde la recolección de firmas en los años 80 hasta la reciente iniciativa popular impulsada por La Bancaria, que logró reunir un millón de adhesiones contra la privatización del banco.
Hoy, la disputa por el Banco Nación es una disputa por el sentido de lo público, por la soberanía económica y por el derecho del pueblo a decidir el destino de sus instituciones. Mientras el poder económico busca convertir derechos en mercancías, la organización colectiva emerge como barrera para impedir que las joyas del pueblo argentino terminen en manos del mercado. La defensa del Banco Nación es, una vez más, una bandera de lucha.
