En un contexto donde las políticas patronales descargan el ajuste fiscal sobre las espaldas de las y los trabajadores de la educación, dialogamos con Mabel Ginestar, docente jubilada técnica con orientación en construcciones. La problemática expone una vulneración sistemática de derechos previsionales y laborales generada por la Dirección General de Escuelas (DGE), que mediante maniobras dilatorias mantiene a más de 300 docentes en un verdadero limbo tras años de entrega frente a las aulas.
El conflicto se remonta a la paritaria de abril de 2024, en la que el gobierno provincial asumió el compromiso de convertir en remunerativo el ítem de la «Cláusula de Garantía» para el personal próximo a jubilarse. Sin embargo, la demora estatal postergó la medida hasta la Resolución 1661 de mayo de 2026, excluyendo de manera arbitraria a quienes completaron sus trámites en ese intervalo.
Esta omisión legal quiebra la proporcionalidad histórica del 82% móvil y pulveriza el haber previsional. Al respecto, Ginestar denunció con contundencia el impacto cotidiano de la medida: «Es una vulnerabilidad económica en la que nos ha dejado la Dirección General de Escuelas que es inimaginable. Hay gente que está cobrando 45 por ciento menos de jubilación (…) Hay gente que ha tenido que salir a trabajar y gente que no puede salir a trabajar porque tiene problemas de salud y la está pasando muy mal».
La falta de respuestas oficiales no es casual, sino parte de una lógica burocrática insensible que desoye el reclamo de la clase trabajadora mientras funcionarios y ministros priorizan campañas electorales. Frente a las notas archivadas, los prontos despachos sin contestación y la desatención del ministerio, la respuesta surge desde abajo, mediante la articulación colectiva, la movilización y la visibilización comunitaria.
Como sintetizó la propia referente, la dignidad no se negocia: «Nosotros cumplimos con todo (…) Nosotros lo único que estamos haciendo es reclamar por nuestros derechos. Hace dos años que venimos reclamando esto (…) y realmente nos sentimos como estafados por la Dirección General de Escuelas porque hace oídos sordos a nuestra problemática». Frente al silencio gubernamental, las y los docentes anticipan que, de agotarse las vías legislativas y de mesa técnica, llevarán la demanda al terreno judicial para frenar este despojo.
Para conocer en profundidad este testimonio y los detalles del reclamo colectivo que atraviesa a la docencia mendocina, te invitamos a reproducir la nota dándole play al audio disponible:
