El fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la protección de la Ley de Tierras Rurales vuelve a poner en el centro del debate la soberanía territorial. El Dr. Gustavo Gómez, exfiscal general y referente en la defensa jurídica de los territorios y las luchas ambientales, analizó en entrevista el alcance de la decisión y planteó por dónde continuar la pelea.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Tierras Rurales encendió nuevamente las alarmas entre quienes defienden la soberanía territorial. Para el Dr. Gustavo Gómez, el fallo tiene una consecuencia concreta: al cuestionar la legitimidad procesal de los excombatientes de Malvinas que habían recurrido a la Justicia, la Corte terminó dejando nuevamente vigente la derogación de la Ley 26.737, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
“La ley 26.737 quedó derogada”, explicó durante la entrevista. Y advirtió que, con ello, también desaparecen restricciones que impedían una concentración todavía mayor de tierras en manos extranjeras.
La Ley de Tierras Rurales establecía, entre otras medidas, un límite del 15% de las tierras rurales del país que podían estar en manos extranjeras, además de restricciones por nacionalidad y disposiciones especiales para determinadas zonas de frontera.
Según el análisis de Dr. Gómez, el fallo de la Corte no resolvió directamente la constitucionalidad del DNU 70/2023, pero al rechazar el planteo por una cuestión procesal terminó produciendo un efecto político y jurídico de enorme alcance: volvió a dejar sin efecto la protección establecida por la Ley 26.737.
El problema no es menor. La derogación de la Ley de Tierras Rurales implica, de acuerdo con lo señalado en la entrevista, que vuelven a quedar sin efecto las restricciones que buscaban poner límites a la extranjerización y concentración de territorios, incluyendo las autorizaciones especiales vinculadas a zonas de frontera.
El camino legislativo: rechazar el DNU 70
Frente a este escenario, El Dr. Gómez plantea una alternativa que considera central: que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023.
El argumento es que el Senado de la Nación ya se pronunció en 2024 contra la validez del decreto. Para que el rechazo tenga efectos definitivos, sostiene Gómez, falta que también lo haga la Cámara de Diputados.
Por eso, la convocatoria a una sesión especial impulsada por el diputado Esteban Paulón aparece, en su lectura, como una instancia clave. Pero el objetivo, remarca, no debería ser solamente recuperar la Ley de Tierras Rurales: el planteo debe apuntar a la invalidez del DNU 70 en su conjunto.
“No para tratar la ley de tierras rurales. Para tratar la invalidez del decreto 70”, sostuvo.
Para el ex fiscal, allí radica una de las claves de la disputa: si ambas cámaras del Congreso rechazan el decreto, podrían recuperarse las normas que fueron modificadas o derogadas mediante el DNU.
Soberanía territorial y democracia: una discusión que va más allá de la tierra
La entrevista también puso sobre la mesa otra discusión profunda: el funcionamiento del Poder Judicial y la legitimidad democrática de quienes toman decisiones que afectan derechos colectivos.
El entrevistado cuestionó el rol actual de la Corte Suprema y planteó la necesidad de democratizar los mecanismos de selección de jueces. En ese sentido, propuso que la ciudadanía pueda ser consultada mediante el voto sobre las personas que serán propuestas para integrar la Corte Suprema y otros tribunales.
Para el exfiscal general, el problema excede este fallo puntual. Se trata de discutir quiénes tienen la capacidad de decidir sobre el territorio, los derechos y la vida democrática del país.
“Tenemos que hacer algo”, sostuvo hacia el final de la entrevista, insistiendo en la necesidad de transformar la preocupación en organización y movilización.
La respuesta está en las calles
Frente a un escenario que considera preocupante, se llama a recuperar la movilización social como herramienta de defensa de la soberanía territorial.
“Nos queda movilizarnos. Tenemos que salir a reclamar esto”, afirmó.
Y dejó una definición que sintetiza el espíritu de la conversación: así como la sociedad se movilizó para defender las leyes que protegen el territorio, ahora debe hacerlo para exigir el rechazo del DNU 70 y discutir también nuevas formas de participación democrática en la Justicia.
La defensa de la tierra, el agua y los territorios vuelve a estar en disputa. Y, como advierte Gustavo Gómez, frente a quienes pretenden decidir sobre el territorio desde arriba, la respuesta también se construye desde abajo: con organización, participación y movilización popular.
🎙️ Escuchá la entrevista completa al Dr. Gustavo Gómez, donde analiza el fallo de la Corte Suprema, la extranjerización de la tierra, el alcance del DNU 70/2023 y los caminos que quedan abiertos para continuar la defensa de nuestros territorios.
