Por la APDH – Regional El Bolsón
Santiago Maldonado era un muchacho de 27 años, medio “oveja negra” – medio “jipi”, si se quiere – de una familia de clase media que lo amaba. Viajero de a pie, con rastas, artesano, tatuador, de esos muchachos y chicas, un tanto extravagantes, que vemos en las ferias artesanales. Músico, poeta, delirante, idealista, propenso a entusiasmarse con causas nobles y a indignarse con la injusticia.
Rafael Nahuel era un chico de los Altos de Bariloche, del humilde barrio Virgen Misionera. Tenía 21 años. Su apellido – que como nombre se puso de moda desde hace unos años entre la gente de otros orígenes – revela, inconfundible, su raíz mapuche. Fanático de Boca, herrero que había aprendido el oficio en un programa escolar a contraturno, al empezar a transitar la vida adulta comenzó a interesarse por cuestiones que trascendieran a su propia persona: por el barrio, la comunidad, sus orígenes y derechos.
Ya sabemos todos qué tienen en común estos dos jóvenes argentinos, que nunca se conocieron, pero quedaron unidos en la memoria dolida de nuestro pueblo por la tragedia de una misma injusticia. Uno por pertenencia, el otro por solidaridad, ambos estuvieron en escenarios donde un gobierno represivo decidió atacar con efectivos armados a un enemigo inventado.
Santiago murió, ahogado – dicen las pericias – en el río Chubut, al huir de las balas disparadas por fuerzas de Gendarmería que atacaban – en un procedimiento ilegal – la Pu Lof en Resistencia Cushamen, en el noroeste de Chubut, donde estaba apoyando un reclamo que él – como nosotros – sabía que era justo.
Rafael fue asesinado por la espalda, también huyendo de las balas, esta vez del grupo Albatros de la Prefectura, en la comunidad – también mapuche – Winkul Mapu, junto al lago Mascardi, en Río Negro, donde estaba trabajando por la recuperación de un territorio que se le había arrebatado a sus ancestros.
En ambos casos el gobierno ha declarado que perseguía a un supuesto enemigo peligroso, terrorista, fuertemente armado. En ambos casos, no se ha encontrado nada de eso, porque nada de eso existe. Lo único que verdaderamente existe son comunidades pacíficas, campesinas, trabajadoras, que están allí para reclamar con su presencia una ocupación que les corresponde desde antes de la llegada, no ya del estado argentino, sino incluso de los conquistadores españoles. Son “pueblos preexistentes”, como consagra la propia Constitución de 1994.
Las tierras de la Pu Lof Cushamen forman parte del territorio arrebatado a los habitantes originarios durante la mal llamada Conquista del Desierto, luego cedido por el estado argentino a la Compañía Sudamericana de Lanas (propiedad de la corona inglesa) por 99 años, que lo transfirió a Benetton poco antes de que venciera dicho término – con la complicidad del entonces gobernador chubutense Carlos Maestro y la legislatura provincial -, lo que pone en cuestión esa misma legalidad, ya basada en el acto ilegítimo del despojo original. Alentados por el reconocimiento constitucional y legal de su condición de pueblos preexistentes, algunos descendientes se establecieron en esas tierras para comenzar a hacer efectiva la recuperación que les reconoce el marco legal.
En el caso de la Pu Lof Winkul Mapu la historia se remonta al año 1937, cuando por la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi se desalojó a todas las comunidades del lugar, no sólo los habitantes de origen mapuche, sino también paisanos e inmigrantes europeos. Con los años, sobre todo en la última década, algunos descendientes fueron volviendo a sus ocupaciones originales, con reconocimiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), legitimados por la ley 26160 – que prorroga el desalojo de comunidades aborígenes -, el censo que comprueba su condición de comunidad preexistente, y la autorización de Parques Nacionales. Pero los pedidos de la familia Nahuel respecto a la tradicional ocupación de sus ancestros no fueron tenidos en cuenta, pese a que ya hacía algunos años había tratativas para que se concretase el regreso a la comunidad, y esta familia mantenía un diálogo permanente con Parques Nacionales. En cambio, inesperadamente, la Intendencia del Parque Nahuel Huapi interpuso una denuncia ante el juzgado federal de San Carlos de Bariloche – pese a que estaban en una mesa de diálogo -, y desencadenó el desalojo que terminó en el asesinato de Rafael.
Tanto la tragedia de estos dos pibes diferentes en historia, origen y costumbres, pero igualmente buenos, solidarios y comprometidos, como los dos hechos represivos que se cobraron sus vidas, están conectadas por una misma política de gobierno. En el fondo de la cuestión está la entrega de los recursos naturales, sea para explotación agrícola, minera, inmobiliaria o turística, a los grandes poderes económicos, mayormente extranjeros. Esto requiere la eliminación de cualquier resistencia, cualquier reclamo justo de derechos, y que la gente en general, la “opinión pública”, no sepa cuáles son las verdades detrás de los hechos. Para lograr esto – así como para otros fines políticos – la estrategia del gobierno es la invención de un enemigo que no existe. Con refinado cinismo llamaron al invento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), volviendo contra el pueblo mapuche una consigna cara a sus sentimientos (como en otros tiempos se hacía con la frase “los argentinos somos derechos y humanos”). Una supuesta organización terrorista que jamás existió, con armas que nunca se encontraron ni se encontrarán, con disparos que nunca se produjeron, para justificar asesinatos de personas que nunca tuvieron cómo defenderse.
Se inventa un enemigo de la nada para dar excusa a una política de terror destinada a desterrar – una vez más – a los legítimos habitantes de una tierra que, como en aquella conquista de un supuesto desierto, quede efectivamente desierta – aunque cueste la sangre de inocentes y pacíficas personas de bien – para entregarlas a la codicia de los capitales concentrados.
Pero no le está siendo ni le va a ser fácil a este gobierno sostener esas políticas. Somos muchísimos los que nos damos cuenta de lo que pasa, reaccionamos, salimos a la calle, denunciamos y damos a conocer estas verdades. En muchos casos, organizados en agrupaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos.
La nuestra es una de ellas, la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, organización nacional fundada en 1975, reconocida internacionalmente, asesora de la Organización de las Naciones Unidas, que ha intervenido en situaciones críticas tanto en nuestro país como en otros, y que cuenta con regionales por todo el territorio nacional.
Allí estuvimos – las distintas regionales de la zona – dándole el primer apoyo a Sergio Maldonado, el hermano mayor de Santiago, cuando abrumado por el dolor y la impotencia necesitó una mano para comenzar la búsqueda de su hermano desaparecido, y su reclamo de justicia. Cuando se necesitó presentar el hábeas corpus en el juzgado de Esquel reclamando su aparición. Estuvimos también cuando fue atacada la comunidad de Vuelta del Río, también en el noroeste de Chubut. Y estuvimos tratando de intervenir – sin que las fuerzas represivas nos dejaran llegar – desde que comenzó el operativo en el cual fue asesinado Rafael. Y estuvimos después para poner freno a nuevos operativos, para promover el inicio de una nueva mesa de diálogo – que está en funcionamiento -, para impulsar la investigación y la búsqueda de justicia.
Estuvimos, estamos y seguiremos estando.
No somos nada especial, sólo personas comunes y corrientes que nos unimos por la necesidad de cuidarnos y cuidar a nuestros semejantes de la violencia que puede llegar a ejercer sobre el pueblo indefenso un gobierno que es capturado por poderes despiadados, independientemente de cómo lleguen al gobierno esos poderes, sea por un golpe de estado como en otros tiempos, o por elecciones legales como es ahora. Ninguna legalidad en la forma de acceso al gobierno autoriza la ilegalidad en el ejercicio del poder, o que se quiera convertir en legales las violaciones a los derechos humanos.
A eso parece estar decidido este gobierno. Y aunque organizaciones como la nuestra y otras le hacen frente, y eso es bueno, no es suficiente. La situación exige un compromiso creciente de los ciudadanos. Empezando por no quedarse con la versión oficial de los hechos, buscando la información en otras fuentes, comunicando la verdad a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Participando activamente si es posible.
Este es el gobierno de los codiciosos que, para satisfacer su insaciable ambición de riqueza y poder, es capaz de avanzar sobre la vida de quien sea, y ampararse en las mentiras más absurdas. Detenerlo es posible, ya nuestro pueblo lo ha hecho otras veces. Para lograrlo es necesario unirnos en un abrazo amoroso de participación y organización.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional El Bolsón