Cristina Raso, licenciada en Educación, psicóloga social y especialista en Gestión de Instituciones Educativas, analizó cómo la pobreza estructural condiciona las trayectorias escolares. Falta de escuelas, docentes empobrecidas, jóvenes sin perspectivas y políticas que recortan derechos: cuando el Estado se retira, la desigualdad también se sienta en el aula.
¿Alcanza con abrir las puertas de una escuela para garantizar el derecho a la educación? ¿Qué posibilidades tiene una niña o un joven de sostener sus estudios cuando faltan trabajo, vivienda, infraestructura escolar y acompañamiento? ¿Qué ocurre cuando el lugar donde se nace empieza a marcar, cada vez más, el destino?
En una entrevista con En Colectivo, Cristina Raso puso en el centro del debate el vínculo entre pobreza estructural, desigualdad social y trayectorias escolares. Su análisis fue más allá de las dificultades económicas inmediatas: advirtió sobre el riesgo de construir una sociedad donde las nuevas generaciones pierdan la posibilidad de vivir mejor que sus familias.
“Cuando el que nace en clase alta, hijo de empresario, llega a ser empresario, y el que nace en clase baja, hijo del obrero, llega a ser obrero solamente, es cuando nosotros estamos haciendo un país injusto”, sostuvo.
Cuando la pobreza deja de ser coyuntural y se convierte en destino
Cristina planteó una diferencia fundamental entre atravesar una situación económica difícil y quedar atrapado en un sistema que reproduce la desigualdad de generación en generación. Para la especialista, la Argentina construyó históricamente herramientas de movilidad social a través de la educación pública, la universidad gratuita, la salud, el trabajo y el acceso a la vivienda.
Esas condiciones permitieron que miles de personas provenientes de familias trabajadoras pudieran estudiar, desarrollar una profesión y proyectar un futuro diferente al de sus padres. Sin embargo, advirtió que ese horizonte se encuentra amenazado cuando se debilitan las políticas públicas que garantizan la igualdad de oportunidades.
La entrevistada cuestionó la idea de que las transferencias económicas, por sí solas, puedan resolver la pobreza. Sin desconocer el carácter de derecho de la Asignación Universal por Hijo, señaló que la asistencia resulta insuficiente si no está acompañada de empleo, escuelas en condiciones, acceso a la salud, jardines maternales y políticas habitacionales.
“Si yo destruyo las escuelas, destruyo el nuevo plan de vivienda, no doy trabajo, destruyo la industria, esa persona, la única forma que tiene de comer es con la asignación universal”, advirtió.
El problema, entonces, no es la existencia de una ayuda social, sino la ausencia de un entramado de derechos que permita a las familias salir de la precariedad. Sin políticas públicas que garanticen oportunidades reales, la pobreza deja de ser una circunstancia y empieza a funcionar como una condena social.
La escuela no puede sola frente a la desigualdad
La educación es una herramienta central para transformar las condiciones de vida, pero no puede cumplir esa función si se la despoja de recursos y de las condiciones necesarias para enseñar y aprender.
La docente destacó especialmente el nivel inicial, al que consideró fundamental para construir igualdad desde los primeros años. La inversión en jardines, edificios, docentes, alimentación y propuestas educativas resulta decisiva para que las infancias tengan acceso a estímulos y oportunidades, independientemente de su situación económica o del barrio en el que vivan.
La especialista propuso pensar la educación en articulación con otros espacios de la vida comunitaria: clubes deportivos gratuitos, centros de salud cercanos, trabajo para las familias y condiciones habitacionales dignas.
El esfuerzo individual importa, reconoció, pero necesita un contexto que lo haga posible. No se puede exigir el mismo resultado a quienes parten de condiciones profundamente desiguales y, al mismo tiempo, retirar las herramientas que podrían achicar esa distancia.
“Los gobiernos de derecha le ponen todo al esfuerzo y al mérito individual y se saca toda la construcción política, social, que es ese marco de posibilidad”, afirmó.
En ese sentido, defendió el papel de la escuela pública como espacio de encuentro y como garantía de que el futuro no dependa exclusivamente de los recursos económicos de cada familia.
Faltan escuelas y sobran barreras para estudiar
Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue la situación de la infraestructura escolar y las dificultades para conseguir vacantes en el nivel secundario de Mendoza.
Cristina cuestionó el uso compartido de edificios entre distintos niveles y turnos como respuesta a la falta de establecimientos, y señaló las consecuencias que esta situación genera para estudiantes y familias. Mientras disminuyen los espacios disponibles, quienes tienen mayores dificultades económicas y menos redes de apoyo quedan más expuestos a perder la continuidad escolar.
La falta de bancos obliga a algunas familias a buscar vacantes lejos de sus barrios, con traslados que complican la asistencia y la permanencia. Para quienes no cuentan con recursos para movilizarse o con personas adultas que puedan acompañar esos trámites, el obstáculo puede volverse insuperable.
“Los que se quedan en la intemperie son los más pobres”, advirtió.
La desigualdad también aparece en la educación de jóvenes y personas adultas. La entrevistada explicó que el cierre o la fusión de aulas y escuelas, aunque se presente como una reorganización administrativa, puede significar el abandono de los estudios para quienes trabajan, crían a sus hijos o deben trasladarse de noche.
En el caso de las estudiantes madres, la falta de espacios de cuidado infantil y de condiciones para la lactancia constituye otra barrera concreta para sostener la escolaridad.
Por eso, la referente cuestionó una mirada que responsabiliza a cada estudiante por no continuar sus estudios sin analizar las condiciones que dificultan su permanencia.
“Ningún niño deserta de su escuela. No existen los desertores. Existe un sistema que expulsa de formas tan subliminales o tan livianas que no se nota”, expresó.
La frase sintetiza uno de los ejes de la conversación: el abandono escolar no puede explicarse únicamente como una decisión individual cuando las propias instituciones y las políticas públicas generan obstáculos para estudiar.
Jóvenes sin futuro: entre la precarización, las apuestas y la plata fácil
La conversación también abordó la relación entre las trayectorias escolares, la falta de empleo y las dificultades de las juventudes para imaginar un proyecto de vida.
Cristiina describió una realidad en la que muchos jóvenes encuentran cada vez menos respuestas en la educación formal y se ven empujados a buscar ingresos inmediatos. El trabajo precario mediante aplicaciones, las changas y la necesidad de aportar a la economía familiar compiten con el tiempo destinado al estudio.
En ese escenario, alertó sobre el avance de las apuestas, el negocio de la droga y las promesas de dinero fácil como alternativas que ocupan el lugar de un futuro que parece inaccesible por las vías tradicionales.
La preocupación no se limita a que las y los jóvenes abandonen las aulas. También alcanza a la pérdida de expectativas: estudiar, acceder a un trabajo digno, tener una vivienda propia o llegar a la universidad dejan de aparecer como metas posibles.
Durante la entrevista, la especialista recordó una encuesta a adolescentes en la que, según relató, ninguno de los consultados se imaginaba estudiando en la universidad o accediendo a una vivienda propia dentro de cinco años. Sus respuestas estaban atravesadas por la idea de tener que “rebuscárselas” o irse del país.
“Los jóvenes no ven un futuro que con esfuerzo y con estudio logren algo mejor”, sostuvo.
Frente a esta realidad, insistió en que las políticas educativas deben estar acompañadas por medidas que garanticen trabajo, vivienda y protección social. No alcanza con pedirles a las juventudes que permanezcan en la escuela si el resto de las condiciones de vida les niega la posibilidad de proyectarse.
Docentes empobrecidas y una educación cada vez más precarizada
La conversación también hizo foco en las condiciones laborales de quienes sostienen cotidianamente el sistema educativo. Se habló de una docencia empobrecida, endeudada y atravesada por la angustia, en un contexto que, según señaló, combina pérdida del poder adquisitivo con desvalorización social de la profesión.
La especialista cuestionó, además, los modelos educativos que reducen el trabajo docente a la aplicación de programas estandarizados, sin reconocer la experiencia, la creatividad y la capacidad de planificación de quienes enseñan.
Desde su perspectiva, enseñar no es repetir instrucciones: implica construir propuestas pedagógicas, conocer a las y los estudiantes y generar condiciones para que puedan aprender.
También criticó las decisiones de inversión educativa que, según su análisis, priorizan programas y contrataciones por encima de necesidades fundamentales como los salarios, la infraestructura y el fortalecimiento de las instituciones.
La precarización de las condiciones laborales repercute en toda la comunidad educativa. Cuando faltan recursos, los salarios pierden poder adquisitivo y se multiplican las exigencias, se deterioran las posibilidades de sostener una enseñanza de calidad.
Defender la educación pública requiere, por lo tanto, defender también a quienes la hacen posible todos los días.
Defender la educación es defender el derecho a soñar
Hacia el cierre, Cristina Raso participó de una reflexión sobre la necesidad de recuperar las condiciones que permitan a niñas, niños y adolescentes construir sus propios proyectos de vida. En ese marco, destacó su participación en el Congreso de Niñeces realizado en Lavalle, donde estudiantes de sexto y séptimo grado debatían sobre ESI, derechos y vulneraciones, con la palabra puesta en las propias infancias.
La experiencia dejó una imagen potente frente a un panorama atravesado por la desigualdad: escuchar a niñas y niños, reconocerlos como sujetos de derechos y garantizar espacios donde puedan expresarse y participar.
La discusión sobre pobreza y educación no se agota en estadísticas, presupuestos o resultados escolares. También trata sobre qué sociedad se construye y qué futuro se les permite imaginar a las nuevas generaciones.
Si el lugar de nacimiento determina las oportunidades, la desigualdad se reproduce. Si se desmantelan las políticas públicas, el mérito individual se convierte en una exigencia vacía. Y si la escuela pierde recursos y capacidad de inclusión, quienes más la necesitan son quienes primero quedan afuera.
Frente a ese escenario, la educación pública, la salud, el trabajo y la vivienda no son gastos prescindibles: son derechos y condiciones indispensables para que ninguna infancia tenga su destino escrito de antemano.
🎧 Escuchá la nota completa con Cristina Raso en En Colectivo y conocé su mirada sobre la pobreza estructural, las trayectorias escolares y los desafíos urgentes para defender una educación pública que garantice oportunidades para todas y todos.
