Las contingencias climáticas, los precios por el piso y el aumento de los costos profundizan la crisis de los pequeños y medianos productores. Desde APEPRO-Cuyo reclaman asistencia económica directa, una gran mesa de trabajo con el Gobierno y políticas urgentes para no abandonar las tierras. Las declaraciones actuales de emergencia y las postergaciones impositivas no resuelven la falta de ingresos ni permiten afrontar los costos inmediatos de quienes perdieron sus cosechas.
La crisis de la producción agropecuaria en Mendoza se profundiza y amenaza con dejar a cientos de familias fuera de la actividad. A las heladas tardías, las tormentas de granizo y las intensas lluvias que complican las cosechas, se suma un escenario económico marcado por el aumento de los insumos, los costos productivos y los precios que no alcanzan para sostener el trabajo en las fincas.
Frente a esta situación, la Asociación de Pequeños Productores (APEPRO-Cuyo), integrante de la Federación Nacional Campesina (FNC), presentó un comunicado en el que exige medidas urgentes y un plan integral de emergencia agropecuaria que garantice la continuidad de las unidades productivas y evite que miles de familias tengan que abandonar el campo.
En diálogo radial, Malvina Luera, integrante de la organización, explicó que el comunicado busca visibilizar una crisis que no comenzó con las últimas contingencias climáticas, sino que viene acumulándose desde hace varias temporadas.
“Hoy no se está logrando sacar la producción, no se está logrando vender por el precio y este año se suman justamente todas estas contingencias climáticas”, señaló.
Cosechas que no se pueden levantar y precios que no alcanzan
La situación es especialmente preocupante para los sectores frutícola y hortícola. Las lluvias persistentes dificultan el ingreso a las fincas y ponen en riesgo la posibilidad de levantar las cosechas. En el caso del ajo, uno de los cultivos centrales de la producción mendocina, el panorama es crítico: la temporada comenzó tarde, con precios muy bajos o directamente sin precio de referencia para quienes producen.
Malvina puso el foco en una contradicción que golpea tanto a las familias productoras como a quienes consumen alimentos: mientras los precios de las verduras aumentan en las verdulerías, ese incremento no llega a quienes trabajan la tierra.
“En las verdulerías subió el doble, el triple de precio, y eso no se ve reflejado en el productor, absolutamente no”, advirtió.
La entrevistada explicó que el problema no se limita a una cosecha o a una actividad puntual. La crisis impacta sobre toda la cadena productiva: desde quienes siembran y cosechan hasta los galpones de empaque, los trabajadores rurales y las distintas actividades vinculadas a la producción.
En ese contexto, el comunicado de APEPRO-Cuyo señala que las políticas económicas nacionales agravan el escenario: precios estancados para la producción, aumentos de insumos, servicios e impuestos y apertura de importaciones que presiona sobre los valores de los productos locales.
Producir a pérdida: cinco millones de pesos que quedan en el camino
Uno de los ejemplos más contundentes que compartió Malvina Luera durante la entrevista fue el del ajo. Según los números que expuso, producir una hectárea puede representar alrededor de 13 millones de pesos en costos, mientras que lo que se consigue vender ronda los 8 millones.
Cinco millones de pesos de pérdida por hectárea. Una ecuación que vuelve prácticamente imposible sostener la actividad, recuperar lo invertido y preparar una nueva temporada.
“Hoy si no se levanta, no hay precio, esos productores el día de mañana mismo no van a poder seguir produciendo”, expresó.
La situación también genera endeudamiento. Muchos productores recurren a créditos en agroquímicas para comprar semillas e insumos, con el compromiso de pagar cuando logren vender la cosecha. Pero cuando la producción no se puede levantar o se comercializa a precios que no cubren los costos, esa cadena de compromisos se rompe.
El resultado es un retroceso productivo que ya se siente en las fincas: se dejan de sembrar cultivos más costosos, se reducen las superficies trabajadas y se buscan alternativas de menor inversión, como el verdeo, que permite cosechar en menos tiempo.
La producción, que debería ser una actividad capaz de sostener a las familias, termina convertida en una apuesta incierta. “El trabajo de productor es una timba”, sintetizó.
Arrendatarios y porcentajeros: quienes trabajan la tierra, cada vez más lejos de poder sostenerla
La crisis tiene un impacto todavía más profundo entre quienes producen sin ser propietarios de las tierras. Malvina explicó que, dentro de la organización, que nuclea aproximadamente a 300 productores, apenas unos 20 son propietarios.
Desde 2011 hasta la actualidad, según el registro de APEPRO, solamente una persona de ese universo logró acceder a la tierra mediante una compra.
El resto depende de alquileres, acuerdos o contratos a porcentaje. Pero los costos crecientes y la falta de rentabilidad están empujando a muchos arrendatarios a abandonar el alquiler y convertirse en porcentajeros, una modalidad que los deja todavía más expuestos a los resultados de cada cosecha.
“Hoy calcula que está aproximadamente a dos millones el alquiler por año”, contó Malvina y a ese monto hay que sumarle electricidad, semillas, agroquímicos y demás costos necesarios para producir.
En el caso de quienes trabajan a porcentaje, los ingresos dependen de que la cosecha pueda levantarse y venderse. No hay un salario semanal ni quincenal garantizado. Pueden pasar meses de trabajo sin recibir dinero.
Por eso, muchas familias combinan las tareas en las fincas con otros trabajos y emprendimientos para sobrevivir. Malvina relató el caso de una productora que, después de vender su última cosecha de lechuga en mayo, comenzó a salir jueves, viernes y domingos a vender gelatina para conseguir ingresos y poder comer.
Detrás de cada hectárea que deja de producirse hay mucho más que una pérdida económica: hay familias endeudadas, jóvenes que deciden no continuar en la actividad y territorios que se van despoblando.
Un Estado ausente frente a una crisis que necesita respuestas colectivas
Desde APEPRO-Cuyo cuestionan la falta de convocatoria del Gobierno provincial a las organizaciones y sectores productivos. Malvina Luera recordó que ya hubo reuniones durante el año anterior, pero no se tradujeron en respuestas concretas.
La organización reclama una mesa de trabajo amplia que reúna a productores, organizaciones y representantes de las distintas actividades agropecuarias. La intención es construir una respuesta común, porque la crisis no afecta solamente a la horticultura: también atraviesa al sector viñatero y a productores del Este, el Sur y el Valle de Uco.
“Necesitamos tener una instancia con el Gobierno provincial para ir abordando esta situación que ya es desesperante”, planteó.
Si bien reconoció que existen iniciativas legislativas y proyectos presentados, insistió en que es necesario articular los reclamos y construir una propuesta que contemple a todas las producciones. También llamó a los legisladores nacionales a acompañar una respuesta conjunta frente a una problemática que excede las fronteras provinciales.
Qué exige APEPRO-Cuyo: un plan integral de emergencia agropecuaria
El comunicado presentado por la organización sostiene que los mecanismos actuales de emergencia agropecuaria son insuficientes. Por eso, APEPRO-Cuyo plantea una serie de medidas urgentes:
- Mesa de trabajo: convocatoria a productores, organizaciones y sectores vinculados a la actividad para acordar respuestas.
- Asistencia económica directa: destinada a quienes fueron afectados por las contingencias, incluyendo arrendatarios y porcentajeros.
- Recursos para levantar las cosechas: evitar que la producción se pierda en las fincas.
- Créditos de emergencia a tasa cero: con plazos prolongados, incluyendo herramientas para acceder a malla antigranizo.
- Precios justos: regulación e intervención para garantizar una remuneración adecuada a quienes producen y evitar la especulación de los grandes intermediarios.
- Fondo Compensador Agrícola: garantizar el acceso y restablecer el financiamiento de la lucha antigranizo.
- Continuidad productiva: acompañamiento para nuevas siembras y el sostenimiento de los ciclos de producción.
- Acceso a la tierra: desarrollar un plan que permita a miles de arrendatarios avanzar hacia condiciones más estables para producir.
La organización también cuestiona que el Gobierno provincial haya dejado de financiar la lucha antigranizo en un contexto donde aumentan los riesgos climáticos y se multiplican las pérdidas.
“No alcanza con declarar una emergencia: hacen falta recursos, asistencia directa y respuestas concretas”, advierte el comunicado.
Defender a quienes producen también es defender el acceso a los alimentos
La crisis agropecuaria no termina en los límites de las fincas. Cuando las familias productoras dejan de sembrar, pierden sus tierras o no pueden levantar las cosechas, también se pone en riesgo el abastecimiento de alimentos y se profundizan las dificultades para acceder a productos básicos.
Por eso, el reclamo de APEPRO-Cuyo interpela al conjunto de la sociedad. No se trata solamente de defender una actividad económica, sino de sostener a quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas.
Malvina destacó especialmente el papel de las mujeres en las unidades productivas y en la organización colectiva. Son muchas las compañeras que trabajan diariamente en las fincas y, al mismo tiempo, sostienen las tareas de cuidado, la crianza y la búsqueda de otros ingresos para que las familias puedan salir adelante.
Frente a este panorama, el llamado es a fortalecer la unidad entre los distintos sectores productivos y sumar a la comunidad al reclamo.
“Lo que queremos es que la sociedad pueda ver el trabajo, el esfuerzo que venimos haciendo y que nuestro reclamo es para seguir produciendo y justamente para que les lleguen los alimentos”, expresó la productora.
Y concluyó con una definición que resume el espíritu de la convocatoria: “No hay otra forma que estar unidos y estar en las calles”.
La defensa de los pequeños y medianos productores es también la defensa del trabajo rural, de las economías regionales y del derecho del pueblo a acceder a alimentos. Sin políticas públicas que sostengan a quienes producen, el costo de esta crisis lo terminamos pagando entre todos.
Escuchá la entrevista completa a Malvina Luera, integrante de APEPRO-Cuyo, y conocé en detalle el reclamo por un plan integral de emergencia agropecuaria para Mendoza:
